Sin embargo, Arias Cañete ha precisado que el agricultor no va a saber "¿qué hay de lo mío?" hasta 2015, y ahora la tarea será poner "ojos y cara" a una reforma que da mucho espacio a los países para su aplicación.
Para ello, el Gobierno va a iniciar las discusiones con las CCAA, con las que se reunirá el 24 y el 25 de julio, para resolver lo que el propio ministro ha llamado problemas "hispanoespañoles", como por ejemplo a quién se considera "agricultor activo", digno de recibir pagos, y a quién no.
Tras el acuerdo de la PAC, el miércoles, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han comenzado a recorrer las comunidades autónomas para explicar la reforma, en esta semana han acudido ya a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Aragón.
Una PAC que da margen para orientar la agricultura hacia una más activa
Según el ministro, "es un modelo de PAC que podemos gestionar y que puede garantizar todas las orientaciones productivas; nos da margen para orientar la agricultura española hacia una agricultura activa" y premiar a los que realmente llevan actividad en el medio rural.
Las organizaciones agrarias han admitido que el acuerdo mejora el punto de partida, pero mientras que Asaja lo califica de satisfactorio, COAG lo ve negativo, UPA estima que quedan cuestiones por resolver y Cooperativas Agro-Alimentarias ve la reforma positiva o negativa según el capítulo.
Las demandas prioritarias para España han sido conservar los presupuestos para el campo y amortiguar cambios en las ayudas.
La PAC es la política que más fondos absorbe de la UE, cerca de la mitad, con 56.000 millones anuales, y España el segundo mayor beneficiario, con 7.839 millones en 2011.
Tras estas discusiones y las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para 2014-2020, el Gobierno manifiesta que habrá estabilidad en los fondos agrarios, que sumarán 47.000 millones para dicho período.
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha admitido que tras las últimas concesiones la PAC se adaptará más a la realidad española.
La Comisión Europea quiso basar su reforma en dos ideas: una, hacer más "verdes" o ecológicas las subvenciones, y la segunda, igualar más los pagos entre productores de los "viejos" y nuevos países comunitarios, es decir, los que entraron antes o después de 2004 en la UE.
Para esa equiparación o "convergencia", Bruselas propuso una "tarifa plana", consistente en un pago por hectárea que sustituiría a los criterios históricos que hasta ahora habían determinado la distribución de ayudas, lo que perjudicaba a España.
El resultado es mucho más suave y da más opciones, pues es voluntario para los países "converger" en 2019 y se establecen cláusulas como que ningún agricultor pierda más del 30% de los apoyos que recibe.
Frente al "café para todos" inicial, la reforma admite la diversidad de cultivos y permite apoyos diferenciados según regiones agronómicas (por ejemplo, según rendimiento, regadíos o secanos).
40 comarcas pero sin 17 políticas regionales
Pero ahora habrá que ver a cuánto toca el pago para cada agricultor y Arias Cañete ha explicado ya que la idea es fijar categorías según 40 comarcas agronómicas, si bien ha recalcado que no habrá "17 políticas" (en referencia al número de autonomías), así que nada de regionalismo.
En cuanto a los requisitos ecológicos, Bruselas propuso que un 30% de los pagos estuvieran condicionados a cumplir ciertos servicios ambientales, como el barbecho o la rotación de cultivos, y finalmente la UE ha flexibilizado esta medida, además de salvar de la exigencia a los olivares, los frutales o la viña.
Además, acabarán las cuotas que regulan la producción de azúcar y se liberalizará el cultivo de la remolacha, si bien será en 2017, dos años más tarde de lo que propuso Bruselas.
En cuanto al vino, la UE ha dado vuelta atrás respecto a la última reforma de este mercado, que estableció la liberalización del cultivo de viñas en 2016, porque se mantienen hasta 2020 los derechos que ahora restringen su cultivo; aparte, establece un nuevo sistema de autorizaciones hasta 2030.
Sin embargo, en esta reforma, los agricultores y las cooperativas han echado en falta más ambición en el talón de Aquiles de este sector: medidas para incrementar su poder de negociación frente a las industrias y los supermercados a la hora de fijar precios