Ha recordado que la denuncia se archivó porque la OCU no remitió al Gobierno Vasco, tras tres requerimientos, las muestras originales en las que detectó este posible fraude.
En este sentido, Greaves ha hecho hincapié en que la OCU aseguró que las hamburguesas de Eroski tenían un 0,1 por ciento de carne de caballo, mientras que la Unión Europea ha puesto el límite en el 1 por ciento, ya que, según ha dicho, no hay laboratorios que sean capaces de detectar nada por debajo de ese porcentaje.
Asimismo, ha detallado los pasos que se han dado para llegar a la conclusión de que las cadenas Eroski y Uvesco (de la que son parte Ercoreca, BM y SuperAmara) con sede social en Euskadi actúan legalmente.
El Gobierno Vasco tenía la obligación de mandar muestras de cinco productos con carne de vacuno en su composición al Instituto Nacional de Consumo para determinar si en los mismos aparecían restos de caballo.
Más controles de los exigidos
Kontsumobide remitió nueve, de los cuales cinco eran de la marca Eroski, tres de Ercoreca y uno de Super Amara. Los resultados de cinco de estas muestras remitidos a primeros de abril dejan claro, tal y como ha adelantado Greaves, que no se ha encontrado carne de caballo en las mismas por encima del 1 por ciento.
"Kontsumobide ha actuado conforme a la normativa existente y cumpliendo con las recomendaciones de la UE. Hemos comprobado que en Euskadi nuestras cadenas de alimentación etiquetan bien y cumplen la legislación vigente", ha hecho hincapié.
En total, el Instituto Nacional de Consumo ha analizado muestras de 189 productos en todo el Estado, de las cuales, el 4 por ciento ha arrojado que había trazas de carne de equino por encima de lo permitido.
Greaves ha denunciado que se hayan enterado de estos resultados, que hacen referencia a productos de cadenas alimenticias que también tienen presencia en Euskadi, por la prensa y no a través de una comunicación oficial del Gobierno central.
Asimismo, la directora de Kontsumobide ha criticado la "actuación continua y reiterada" de la OCU por denunciar posibles fraudes alimenticios y luego no poner a disposición de las instituciones las muestras en las que basa su protesta.
Además, ha dicho que ha llevado esta queja al Instituto Nacional de Consumo, donde ha recordado que tuvo el mismo comportamiento cuando la OCU denunció "daño económico" en los etiquetados de varias marcas de aceite.
La socialista Txaro Sarasua ha opinado que este asunto ha dejado en evidencia la necesidad de control de la cadena alimentaria y se ha felicitado por que los análisis realizados alejan la posibilidad de alarma y aportan tranquilidad.
Por su parte, desde el PNV Luis Javier Tellería ha subrayado que no se ha puesto en duda la seguridad alimentaria sino los etiquetados y ha opinado que la alarma social la ha provocado la OCU al hablar de "porcentajes indetectables".
Por su parte, Iñaki Lazarobaster (EH Bildu) ha defendido que el problema de fondo se encuentra en el actual modelo de consumo y en el hecho de que la "cadena intermedia" entre consumidor y productor "hoy en día es muy grande", lo que abre la puerta "de forma más fácil al fraude".
Por último, la popular Mari Carmen López de Ocáriz ha destacado que el posible fraude no ha afectado al consumo.