El futuro del sector lácteo se decide desde este miércoles en el Tribunal Supremo, ya que lo que se va a juzgar y estará en juego es el futuro de la Ley de la Cadena Alimentaria y la obligación de que la industria debe pagar por encima de los costes de producción.

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo para tumbar la Ley de la Cadena. Las industrias lácteas afirman que pagar un precio por encima de los costes de producción es “contrario a derecho”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) declarará este miércoles 31 en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en una causa iniciada el pasado mes de noviembre por la Federación de Industrias Lácteas (FENIL), que trata de tumbar esta legislación aprobada inicialmente en 2013 y modificada en 2021 y donde presentará pruebas y argumentos en defensa de los ganaderos.

La intención de las industrias lácteas es tumbar la prohibición de la compra a pérdidas en cada eslabón de la cadena alimentaria, lo que en la Ley se denomina como destrucción de valor de los productos. Ese elemento es uno de los pilares de esta legislación y, como demuestra esta demanda de FENIL, uno de los que más molesta a los eslabones que han controlado la cadena alimentaria en las últimas décadas.

UPA se ha personado en la causa para defender los intereses de los ganaderos, que llevan décadas luchando para conseguir reequilibrar la cadena alimentaria. El caso del sector lácteo es uno de los más paradigmáticos: la leche es un producto básico de la cesta de la compra del que España es deficitaria; a pesar de ello, los ganaderos llevan décadas sufriendo una gravísima crisis de rentabilidad por los bajos precios pagados por las industrias y motivados por la gran distribución, lo que ha provocado el cierre de más de 3.000 granjas en los últimos cinco años.

UPA presentará un dictamen pericial que demostrará la necesidad de salvaguardar ese punto clave de la Ley de la Cadena, que evita que los productores perciban un precio inferior a sus costes. La organización tratará de frenar así esta iniciativa “deleznable” de FENIL, que trata de frenar en los tribunales una Ley aprobada con un amplio consenso.

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