Ayúcar, funcionario de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuando ocurrieron los hechos, fue condenado a cinco meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental; a once por un delito continuado de estafa cualificada por la especial gravedad y con abuso del cargo y a ocho por un delito continuado de cohecho.
A ello se sumaron tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, ha recordado el TSJR.La Audiencia Provincial argumenta en el auto que, "además de no haber satisfecho el penado la responsabilidad civil impuesta, los hechos declarados probados en la sentencia de cuya ejecución se trata revelan la peligrosidad criminal del penado".
Se "evidencia un desprecio del penado a la legalidad"
"Ello, unido a los fines de prevención general y de seguridad colectiva que siempre debe llevar consigo el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conduce a denegar al solicitante la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta", ha precisado.
Ha añadido que "la continuidad delictiva" apreciada en la sentencia que se ejecuta respecto a Ayúcar evidencia "el desprecio del penado por la legalidad vigente, realizando conductas ilícitas de modo repetido y dilatado en el tiempo, generando perjuicios importantes a las distintas personas y entidades que la sentencia expresa, sin constancia de su reparación por parte del penado, a pesar del tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos".
En la resolución del tribunal se recoge la insolvencia manifestada por el condenado, que ha satisfecho 1.080 euros por las multas impuestas.También consta que hay consignados 41.106,41 euros procedentes del embargo de su pensión; mientras que la Comunidad Autónoma de La Rioja ha desembolsado, como responsable civil subsidiario, el monto de la responsabilidad civil, que se fijó en más de 200.000 euros.
A la petición de Ayúcar de que se le suspendiera la pena, tanto el Fiscal como la Comunidad Autónoma se mostraron en contra de su concesión.El Ministerio Público, en su informe, "se opone a la suspensión y la sustitución de las penas privativas de libertad impuestas a Luis María Ayúcar, dado que no se han satisfecho las responsabilidades civiles y no ha existido una voluntad reparadora por parte del penado".
Por su parte, la Comunidad Autónoma de La Rioja se adhirió al informe de la Fiscalía y se opuso expresamente a la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad impuestas en sentencia a Ayúcar.