Así, el presidente de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha, Fernando Villena, ha destacado que el buen funcionamiento del mercado del vino en los últimos meses (con un julio con récord histórico en exportaciones) ha propiciado que no haya sido necesaria la aplicación del Real Decreto 774/2014 en el que se fijan los requisitos y el contenido de una norma de comercialización en el sector del vino.
Por ello, ha valorado muy positivamente la labor realizada por bodegas y cooperativas, que se ha traducido en una importante reducción de las existencias, que en Castilla-La Mancha se situaban a 31 de julio en 10,4 millones de hectolitros de vino, lo que ha evitado la puesta en marcha de la destilación contemplada en el citado RD.
El presidente regional de ASAJA también ha valorado como “fundamental” la reciente puesta en marcha de la Organización Interprofesional del Vino de España, que debe servir para potenciar aún más los vinos de calidad, el control del sector y la autoregulación, fundamentales para el futuro del vino.
Por último, desde ASAJA se apuesta porque las nuevas normativas sobre vino sirvan para orientar las producciones hacia la calidad, evitando problemas y tensiones como los de la actual campaña y no desaprovechando el marco legal establecido, que permitirá trabajar entre todos en pro del futuro del sector.
Por su parte, el portavoz de vinos de Cooperativas Castilla-La Mancha, Francisco Garrido, confirmó que la decisión “fue tomada en un acuerdo por unanimidad”, una vez que el Magrama presentó el balance de la situación del sector, “con los precios al alza y una calidad superior de los vinos”.
De igual forma, comentó que el acuerdo “es satisfactorio y las perspectivas mucho mejores”, debido a que en los últimos dos meses se han vendido en el mercado internacional entre 4 y 5 millones de vino, lo que sumará 22 millones en exportaciones, cinco más que las del pasado ejercicio. “Ello demuestra que la cooperativas han hecho un buen trabajo”, subrayó.
Hay quien recalca que no debe olvidarse las consecuencias de su anuncio
En la lado contrario, el secretario regional, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Julián Morcillo, volvió a reiterar su rechazo a la medida (la criticó desde el principio) e informó de que en la sectorial se constató la tendencia alcista de ventas.
También censuró las consecuencias del anuncio de la destilación, que “ha traido unos precios que son los que son, y que están por debajo de los costes de producción”. Por tanto, de haberse aplicado, “ese viaje que no va a ningún lugar”, “hubiera sido muy desastroso”.
Asimismo, la Unión de Uniones celebra la rectificación de una medida, que "ya ha sido perjudicial al sector, aún sin aplicarse, pues ha contribuido al hundimiento de los precios este verano y que lo hubiera sido aún más de llevarse a cabo".
Por eso, sigue considerando "muy negativa" la publicación del Real Decreto ya que la norma es de vigencia permanente y puede desencadenarse su funcionamiento en cualquier otra campaña. Esto, en su opinión, supone "una amenaza para el sector que, además, se verá coartado ante situaciones coyunturales problemáticas en el mercado para pedir medidas de apoyo al Ministerio, que responderá con el Real Decreto".
Por otro lado, la Unión de Uniones se muestra "sorprendida" de que aquellas entidades y Consejerías que aprobaron y apoyaron la destilación obligatoria sin ayudas, reaccionen ahora a favor de su no aplicación "y se atribuyan el mérito de la rectificación del Ministerio. Dicho mérito no puede atribuirse sino al sacrificio de muchas bodegas y cooperativas, y de los socios de estas, que han lanzado al mercado sus existencias a precios de ruina en muchos casos ante la alternativa de tener que quemarlo gratis".
La organización considera que hubiera sido infinitamente mejor para todo el sector y para los viticultores, que están arrastrando en el precio de la uva de esta campaña las consecuencias del anuncio de destilación, que "dicha medida no llegará ni a proponerse y que el Ministerio hubiera hecho frente a una retirada razonable apoyada con fondos públicos, tal y como la Unión de Uniones reclamaba".