En su defensa de la recientemente aprobada Política Agraria Común, ha apuntado que "este paso no se había dado antes aunque la legislación comunitaria actual lo permitía, es un paso muy significativo".
Miranda ha puntualizado que el Magrama entiende que los beneficiarios para los que las ayudas representan más del 80 por ciento de sus ingresos agrarios, "no tienen una actividad agraria significativa y deben ser excluidos de las ayudas".
Sólo se investigará a quienes cobren más de 1.250 euros
En este sentido, ha advertido que solo realizarán una comprobación de las ayudas recibidas a los perceptores de la PAC que cobren más de 1.250 euros por hectárea, ya que en España hay agricultura a tiempo parcial y "hay que exigirlos menos".
Además ha reconocido que hasta ahora existían perceptores que reiteradamente declaraban toda su superficie agraria sin cultivar o beneficiarios que solicitan ayudas sobre pastos sin tener ningún tipo de actividad.
"Teníamos que tomar alguna medida contra estos beneficiarios, que se han llamado como los agricultores de sofá que, sin tener una actividad real, estaban cobrando las ayudas. Ahora vamos a erradicar este problema exigiendo una actividad fehaciente", ha subrayado.
Miranda ha apuntado que con esta medida se promociona la actividad real y la legitimidad dentro de la sociedad.
No obstante ha reconocido que se permitirá recibir ayudas a trabajadores que tengan a la agricultura o la ganadería como segunda actividad.
Con esta medida, según Miranda, se conseguirá centrar los fondos europeos en las explotaciones que tienen actividad económica y dan empleo. En España, según datos del Magrama, hay en torno a 850.000 perceptores de la PAC.
Por otra parte, el presidente del FEGA ha valorado los logros conseguidos pro España durante los dos últimos años de negociaciones en el ámbito comunitaria, "que han permitido preservar la dotación de los fondos, cuando el presupuesto de la Unión Europea sufría la primera reducción de su historia".
En este sentido ha confirmado que España dispondrá de 47.000 millones de euros para su sector agrario y agroalimentario para los próximos años.
En cuanto al desarrollo rural, ha concretado que España dispondrá de 8.053 millones de euros, de los que Castilla y León recibirá alrededor de 969 millones de euros.