La norma que recogerá el etiquetado obligatorio del origen de la leche acumula más de un año de retraso para su aprobación ante el descontento de los ganaderos y los consumidores, que son los más interesados y que achacan esta situación a la lenta burocracia o al cambio de Gobierno.

Las fuentes del sector consultadas por Efeagro esperan, no obstante, que el Ejecutivo lo apruebe antes de que acabe 2018: España se igualaría así a países como Italia, Francia o Portugal que ya han legislado al respecto.

El responsable de Ganadería de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fernando de Antonio, incide en que esta asociación ha apoyado la propuesta normativa y no entiende el retraso en su aprobación.

Demasiados inconvenientes y problemas dentro y fuera de España con la norma

Para De Antonio, son los trámites burocráticos los que han ralentizado el proceso -algo que también «pasa con otros» reales decretos- y destaca el retraso acumulado cuando hubo que enviar el texto a la Unión Europea, porque «parece ser que no iba correcto».

El responsable del sector lácteo de Asaja, Ramón Artime, cree que el informe desfavorable emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace tres meses ha influido, aunque considera que ha sido más relevante el cambio de Gobierno, al paralizar momentáneamente los trámites legislativos.

Artime valora, no obstante, que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya mantenido algunos altos cargos del anterior Ejecutivo, como Fernando Miranda (actual secretario general) porque es conocedor de la materia y eso permite «ganar tiempo» en los procesos finales de tramitación.

El responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, apunta a la presión que hayan podido ejercer grandes multinacionales para evitar o postergar su aprobación porque «les interesa muy poco» que se apruebe.

También cree que los órganos que estudian la competencia a nivel nacional y europeo han torpedeado las gestiones ya que, a su juicio, atienden a los intereses de dichas multinacionales: «Son su brazo armado», incide.

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que «pise el acelerador» y «no esté tan preocupado» de la CNMC porque «no se sabe qué intereses tiene o a quién defiende».

Sin nombrar a ningún organismo o a alguien en concreto, Santalla señala que «siempre» que los ganaderos demandan algo «hay una mano detrás que dice y hace lo contrario».

Los consumidores son los principales destinatarios de este real decreto y desde la organización Facua-Consumidores en Acción, Miguel Ángel Serrano, del gabinete jurídico, señala que es «inadmisible» el retraso en estas normativas que «benefician» a los clientes.

Según Serrano, el contenido de la norma es positivo porque defiende el derecho del consumidor a la información, una premisa «básica» y considera que una de las formas de garantizar la libre competencia es dando la información máxima posible al cliente para que pueda elegir libremente qué tipo de producto quiere.

Ya sea por el ritmo de la burocracia, por la necesidad de esperar los dictámenes de informes, como el de la CNMC o ahora el del Consejo de Estado (que se prevé tener próximamente), o por el cambio reciente de Gobierno, el caso es que el retraso es evidente.

No hay que olvidar que en la XII reunión de seguimiento del acuerdo lácteo (el 2 de marzo de 2017) el anterior secretario general del Ministerio, Carlos Cabanas, manifestó que la publicación del decreto era cuestión de «cuatro o cinco meses».

Planas ha insistido en que se aprobará, pero aún no se ha avanzado nada oficialmente

Un mes después, el sector del lácteo tuvo en sus manos el borrador para estudiarlo pero hasta principios de ese verano de 2017 no se envió el texto a Bruselas y ahí las fechas de aprobación se retrasaron a finales de 2017.

Ya en 2018, llegó el varapalo del informe de la CNMC sobre el etiquetado en el que admitía que el etiquetado del origen es una información que «puede ser relevante» para el consumidor, pero en su opinión supondría una restricción, ya no sólo a la competencia efectiva sino también a la libre circulación de mercancías.

A pesar de ese dictamen, a últimos de junio pasado el ministro Luis Planas aseguró que no habrá «reparo» a la hora de aprobar la normativa y que el asunto está sometido al Consejo de Estado aunque prefirió no dar una fecha para llevarlo al Consejo de Ministros.

Por lo tanto, el sector tendrá que estar atento en estos meses para ver si finalmente esa ansiada norma sobre el etiquetado entra en vigor antes de que comience 2019.

(Texto: Juan Javier Ríos / Efeagro)