Casi un año después de que la multinacional francesa Lactalis decidiera el cierre de su planta de Lauki en Valladolid, la empresa se ha enfrentado ahora a un proceso judicial por haber incumplido supuestamente el acuerdo firmado con trabajadores y sindicatos que instaba a la venta de la factoría. Sin embargo, la vista fue suspendida prácticamente nada más comenzar y aplaza hasta el 26 de octubre.
El motivo ha sido la demanda planteada por UGT y Comisiones Obreras para la comparecencia como testigo del alcalde, Óscar Puente, una solicitud que la jueza había rechazado pero que los sindicatos consideran “indispensable”.
Después de unas largas negociaciones a dos bandas entre la Fundación Anclaje, integrada por la Junta, sindicatos y trabajadores, y la multinacional, el pasado 1 de octubre de 2016 la planta echó el cerrojo sin consumar su venta tal y como comprometía el primer punto del acuerdo alzado por las partes en un proceso que ahora sindicatos y trabajadores tachan de «fraudulento».
Los sindicatos denuncian que la multinacional «nunca tuvo verdadera intención de vender la planta»
Momentos antes de arrancar el proceso judicial que se desarrollará en los Juzgados de lo Social 2 de Valladolid, los representantes sindicales de UGT y CCOO en este proceso, Raúl Santa Eufemia y Juan Manuel Ramos, respectivamente, aseguraban que esta vía judicial es el «último recurso» para forzar a Lactalis a la venta de la planta.
Ubicada en la Avenida de Santander, cerca de la zona universitaria, la planta láctea de Lauki daba trabajo a 85 trabajadores que, tras el cierre, corrieron distinta suerte: 19 de ellos fueron despedidos, 11 se prejubilaron y 52 fueron trasladados a otras empresas.
Aunque menos de un año después de su reubicación, los sindicatos han reflexionado sobre que 20 de esos 52 trabajadores no lograron adaptarse a su nuevo puesto y tuvieron que regresar a Valladolid, en una muestra del «desorden y trauma» que genera la pérdida de un puesto de trabajo, ha argumentado Santa Eufemia.
Por este motivo, los sindicatos ya anunciaron tras la consumación del cierre de la planta que llevarían el proceso a los tribunales, pues ya entonces denunciaron que la multinacional «nunca tuvo verdadera intención de vender la planta», y tan solo creó un «proceso ficticio de venta» para que se pudieran cumplir el resto de puntos del acuerdo, que estaban condicionados a este primero.
De este modo, con el proceso hoy abierto, tanto los sindicatos como los antiguos trabajadores de Lauki esperan que quede comprobado durante el juicio que Lactalis «obró de mala fe» y que el juez emita una sentencia que «obligue a abrir un nuevo proceso real de venta», ha insistido por su parte Ramos.