El pasado lunes fueron arrestadas nueve personas, entre ellas Díaz Ferrán, para el que el juez impuso una fianza de 30 millones de euros, mientras que para la secretaria de De Cabo, Susana Mora, la redujo a 3.000 euros -que abonó el mismo día- gracias a su "colaboración".
Sólo uno de los detenidos salió en libertad, Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas, sobre todo, con Hacienda.
Por el momento, según las mismas fuentes, aún no ha recurrido su fianza Díaz Ferrán que, como los otros arrestados, ingresó el pasado miércoles en la prisión madrileña de Soto del Real.
Estas cantidades, -la mayor de las cuales corresponde al dueño de Nueva Rumasa y que es también la cifra más alta de las fijadas hasta ahora en España- se explican porque tras el traspaso de Marsans a De Cabo el liquidador pudo detraer activos del grupo turístico por al menos 30 millones de euros, que, al parecer, habían beneficiado directamente a Díaz Ferrán.
De hecho, en el auto de prisión del expresidente de CEOE se desveló que desde 2010 Díaz Ferrán había estado cobrando 100.000 euros mensuales de De Cabo, mientras su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, no había recibido al parecer ningún pago hasta su muerte.
En total, Díaz Ferrán y Pascual podrían haber recibido 16 millones como contraprestación por haber traspasado sus bienes personales y el grupo Marsans a De Cabo, quien supuestamente maquinó operaciones para repartir efectivos y patrimonios, detrayéndolos a sus legítimos acreedores, que podrían rondar los 10.000.