Según las investigaciones judiciales, los propietarios de Viajes Marsanas vendieron en junio de 2010 dentro de un pacto para que De Cabo les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales y evitar así pagar a sus más de 10.000 acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.
Desde la operación contra Nueva Rumasa, De Cabo "se ha centrado en justificar los movimientos de fondos que se han producido tras la entrada del grupo Marsans", apunta el juez. Según sus diligencias, además de utilizar varios testaferros encargó al fiscalista Rafael Tormo Aguilar la confección de contratos simulados para colocar los activos en el exterior y el diseño de la estructura societaria en el extranjero, que operaría en países como Chipre, Siza, Liechtenstein, Malta y Hong-Kong.