Desde entonces, el ganado muerto ha sido retirado de las granjas y destruido por empresas autorizadas, con el consiguiente coste para el ganadero.
Los ganaderos deben presentar la correspondiente solicitud y la autorización estará supedita a la comprobación de que en esas zonas no estén cubiertas las necesidades nutricionales de estas aves.
Esta autorización es sólo para explotaciones extensivas, es decir con las reses libres en el campo, no estabuladas, y los muladares tienen que estar vallados pero de forma que puedan acceder las aves.
Según datos de la Junta, Castilla y León cuenta con el mayor censo en España de aves necrófagas, con unas 6.000 parejas de buitre leonado, el 24 por ciento del total nacional; 380 de alimoche, el 26 por ciento; y el 15 por ciento de buitre negro y de águila real.
El decreto incluye como áreas autorizadas la mayor parte de la Comunidad, 1.764 municipios, principalmente en la periferia y el sur de Castilla y León, con lo que solo quedan sin incluir una cuarta parte de los existentes en la región.