El Gobierno extremeño recurrió esta norma por entender que el recorte de las primas "cambia las previsiones de ingresos" de los proyectos ya en marcha y genera "inseguridad" en los inversores, a la vez que aseguraba que supondrá en los próximo 15 años unas pérdidas de entre el 17,9 % y el 28 % según el tipo de energía.
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