Asaja Córdoba ha informado de que el Consejo Europeo coincide con la organización agraria en que es preciso que la Comisión Europea elabore un estudio, como complemento de la actual evaluación de impacto, de la propuesta de reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Y es que al Consejo le preocupa que “la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta no tenga en cuenta las repercusiones que el reglamento propuesto puede tener a largo plazo sobre la seguridad alimentaria en la Unión”. Refuerza esa inquietud el hecho de que “la evaluación de impacto se concluyera antes de la guerra en Ucrania y de las crisis de los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos”, apunta el texto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Por lo tanto, el Consejo considera que debe realizarse un análisis cuantitativo adicional de una serie de indicadores para determinar si es necesario adaptar la evaluación de los efectos económicos y sociales de la propuesta. En particular, el Consejo considera que debe llevarse a cabo un análisis adicional que tenga en cuenta la producción agrícola de la Unión, la disminución prevista de los rendimientos en la Unión “como consecuencia de la reducción y restricción del uso de productos fitosanitarios y la posible dependencia respecto de las importaciones de alimentos y piensos”.

El Consejo considera, asimismo, que “sería necesario un análisis más detenido de la situación de las pequeñas y medianas empresas y de la rentabilidad a lo largo de sus respectivas cadenas de suministro”.

En definitiva, opina que es preciso contar con más datos y nuevos análisis del impacto de ese tipo de medidas.

Entre otros puntos, pide que se trate la repercusión potencial en los precios de los alimentos y los piensos de manera general, y en particular en los precios de los alimentos de base, la cuantificación de los efectos de la mayor carga administrativa en la competitividad y la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones; la disponibilidad de alternativas a los productos fitosanitarios y el posible aumento del riesgo de introducción y propagación de organismos nocivos en la Unión debido a la limitada disponibilidad de medios alternativos de contención de dicho riesgo.

También cree preciso la cuantificación del efecto de la prohibición del uso de productos fitosanitarios en las zonas sensibles y la cuantificación de los efectos de la restricción propuesta del uso de productos fitosanitarios en los rodales forestales y en la biodiversidad dependiente de los bosques.

DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICOY SOCIAL EUROEPO

Asimismo, Asaja Córdoba aplaude el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios que coincide con la preocupación de esta organización agraria al remarcar también, “la tremenda hipocresía e incoherencia que exhiben las instituciones comunitarias por aumentar a niveles draconianos las exigencias únicamente a los productores europeos, pero seguir consintiendo y fomentando las importaciones agrarias foráneas sin exigirles estas mismas normas”.

De este modo, el dictamen del CESE concluye que “la Comisión debe exigir reciprocidad de normas para que las importaciones de productos de terceros países tratados con productos no permitidos en el mercado de la Unión sean, al menos, equivalentes a las que se aplican en la UE”.

El informe alerta también de los posibles efectos que esta legislación podría comportar, como “una drástica subida de los precios de alimentos como consecuencia de cosechas más reducidas y menos rendimientos”.

Respecto a la supresión de fitosanitarios en el sector agrario europeo, el CESE recuerda a Bruselas que “la producción y la seguridad alimentaria es un objetivo estratégico de primer orden” y que los objetivos ambientales “deben basarse siempre en pruebas científicas que vayan acompañadas de las correspondientes evaluaciones de impacto”.

En las definidas como ‘zonas sensibles’ donde se pretenden prohibir todos los fitosanitarios, el dictamen subraya que “tiene consecuencias de gran alcance y, por lo tanto, solo debe establecerse a partir de una sólida evaluación de impacto científico-agronómica”. En cuanto a los indicadores de riesgo armonizados (IRA) “resulta necesario contar con unas directrices claras y unos indicadores adecuados”.

En todo caso, el CESE asegura que “estos objetivos son ciertamente ambiciosos, por lo que se hace necesario establecer períodos de transición razonables” que tengan en cuenta las diversas condiciones climáticas en los distintos Estados miembros y la media de diez años que las nuevas herramientas de control tardan en llegar al mercado.

Apuesta el organismo por “mejorar el acceso, la disponibilidad y la rentabilidad de las soluciones alternativas y las nuevas tecnologías” puesto que “por el momento, estas soluciones no pueden remplazar el uso de plaguicidas químicos”.