Entre los objetivos generales del plan se encuentran conseguir el "buen estado" y la "adecuada protección" del dominio público hidráulico y de las aguas, nuevos objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua.
Estos se compatibilizan con los objetivos de atención de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo autonómicos y sectorial; puntos tradicionales de la planificación española, tal y como explica la Confederación Hidrográfica del Guadiana en una nota.
Para su consecución, el Proyecto de Plan Hidrológico, que dispone de una normativa que regirá la gestión del agua en la cuenca, caracteriza las masas de agua, determina las demandas de recursos, define unos caudales ambientales o inventaría las zonas protegidas, entre otros.
El Plan ha sido sometido igualmente al proceso de evaluación ambiental estratégica, que ha culminado con el dictamen ambiental en el documento de "Memoria Ambiental".
El acuerdo será remitido al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su aprobación "si procede"; y su paso último es la aprobación, como Real Decreto, por el Gobierno.
En el Consejo del Agua están representadas la Administración General del Estado, comunidades autónomas, y entidades locales con competencias en el ámbito de la cuenca; además de usuarios y diversas asociaciones y organizaciones.
El plan había sido sometido "previamente" a un intenso proceso de participación pública, una consulta oficial de 6 meses, y había recibido la conformidad del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación.