EFE.- Esta iniciativa, propuesta a raíz de las inundaciones en febrero en Asturias, no ha salido adelante debido al voto contrario del PP, que ha compartido el "fondo" del texto, pero no la "forma", y la ha tachado de inoportuna.
La proposición, defendida por la parlamentaria socialista María Luisa Carcedo, solicitaba además suscribir los necesarios protocolos de colaboración con el Principado y los correspondientes ayuntamientos para la ejecución de actuaciones de emergencia y definir los corredores fluviales que permitan ordenar y gestionar adecuadamente los ríos.
Carcedo ha explicado que en un primer momento el PSOE estaba tranquilo por el convencimiento de las palabras del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de que los aspectos de esta iniciativa "se irían cumpliendo".
Pero, según la diputada, los socialistas se han puesto posteriormente "nerviosos" por el cambio "drástico" de "filosofía" respecto a la gestión de los ríos por parte de la Delegación del Gobierno en Asturias y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
En este punto, la diputada ha apostado por un gestión de los ríos como espacios de biodiversidad generadores de riqueza.
Las circunstancias y características de los ríos asturianos piden "a gritos" una "gestión integral, que viene a ser la filosofía que guía la directiva europea", ha añadido Carcedo.
Desde las filas populares, el diputado Antonio Pérez Insua ha subrayado que el Gobierno fue consciente desde el primer momento de la trascendencia de las lluvias en la comunidad asturiana y que "inmediatamente después" se celebró una reunión con los responsables de los ayuntamientos afectados.
También ha defendido que el Gobierno está trabajando "intensamente" para la correcta aplicación de la directiva europea, por lo que no le ha parecido "pertinente" esta iniciativa socialista.
Asimismo, el diputado popular ha explicado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya ha mostrado su voluntad de trabajar en protocolos de colaboración con el Principado y los ayuntamientos afectados para evitar riesgos de inundación.