Los informes jurídicos que maneja Feragua y que ya puso a disposición de los grupos parlamentarios andaluces hace año y medio señalan que la delegación de competencias del Guadalquivir es claramente inconstitucional.
Y subrayan en esta dirección que, ya en la sentencia sobre el Duero, también de marzo de 2011, el propio Tribunal Constitucional dejó clara la “imposibilidad” de que la Comunidad de Castilla y León pudiera asumir las competencias de esta Cuenca “por cualquier vía”, incluida la del artículo 150.2.