Asimismo, se aplica un principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado no podrá cubrir los riesgos definidos como negociables, es decir, susceptibles de ser cubiertos por la iniciativa privada.

    En el debate sobre la aprobación de las citadas enmiendas, los representantes del Grupo Socialista, Félix Lavilla, y el de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Álvaro Anchuelo, argumentaron su voto en contra de la privatización del CESCE, pues se trata de un organismo "que funciona" y que es rentable.

    En respuesta a estas objeciones, el representante del Grupo Popular, Sebastián González, explicó que esta actitud es "inmovilista" y refleja "falta de ambición" por elevar la eficiencia del CESCE.

Reformarla para crecer y crear empleo


    "Queremos reformar el CESCE para crecer y crear empleo", dijo González, que quiso despejar de esta forma las incertidumbres expresadas por el grupo socialista sobre el futuro de los 1.600 trabajadores afectados, que "van a tener más oportunidades para desarrollar su carrera", con la nueva situación.

    Por su parte, la diputada de CiU Inmaculada Riera se mostró satisfecha porque el proyecto incluya finalmente la enmienda introducida por su Grupo de garantizar que la propiedad de la información generada por CESCE "quede en manos del Estado", para asegurarle una posición preeminente ante otros posibles competidores una vez que termine el citado periodo de transición.

    También mostró su oposición a otras dos enmiendas incluidas por los populares en el proyecto, la primera de las cuales desarrolla el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), cuya creación fue aprobada el pasado diciembre en el marco de preparación de este proyecto, y la segunda relativa a las zonas francas.

    Pese a ello, en conjunto se trata de un proyecto "positivo y que no persigue un objetivo de caja, sino mejorar la eficiencia del CESCE y asegurar que las empresas exportadoras tengan condiciones competitivas en el mercado, dijo.

    Por parte de UPyD, el diputado Álvaro Anchuelo insistió en que se debería facilitar el acceso a CESCE de las pymes, cubrir más países y ofrecer más servicios, pero se mostró en desacuerdo con privatizar un organismo que "está actuando bien, tiene beneficios y no es una carga para el presupuesto público".

    El diputado socialista Félix Lavilla insistió en su preocupación por la plantilla del CESCE y aseguró que "nacionalizar" las pérdidas "no es el camino", como en el caso de las autopistas. "El austericidio no es el camino", dijo.

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