Los grupos de la oposición expresaron su rechazo a la nueva ley porque consideran que es "recentralizadora" y vulnera competencias autonómicas.
Asimismo, prevén que provocará un aluvión de litigios y llevará a las comunidades a competir por ser las que menos requisitos exigen a la hora de producir un producto u ofrecer un servicio, lo que conllevará un recorte en los derechos de los ciudadanos.
Desde el grupo Popular se defendió el respeto a las competencias autonómicas de una ley que persigue la libre circulación de bienes y servicios en España y da respuesta a la petición de empresarios y organismos que, en reiteradas ocasiones, han advertido de que la "maraña" burocrática retrasaba las inversiones.
Además, los populares consideran que los derechos de los usuarios quedan completamente protegidos porque las materias más delicadas quedan fuera del alcance de la nueva normativa, incluida en el programa electoral del PP.
Entre las enmiendas aprobadas por el Senado destaca la que establece que las empresas que ya están establecidas en varias comunidades deberán elegir la normativa y autoridad autonómica a la que prefieren someterse
Durante su paso previo por el Congreso, el PP aprovechó para introducir en esta ley una ampliación de la superficie de los negocios que pueden abrir bajo el sistema de "licencia" de los 500 hasta los 750 metros cuadrados.
Además, acordó especificar en el texto legal que las farmacias, los servicios de taxi y de alquiler de vehículos con conductor y toda concesión demanial (de dominio público) quedarán al margen de la nueva normativa, por lo que se seguirán sometidos "al actual régimen de autorización y con eficacia nacional limitada".
El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad calcula que la aprobación de esta ley conllevará un aumento del PIB del 1,52% en sus primeros diez años de vigencia, lo que supone un incremento anual del 0,15%, equivalente a 1.500 millones de euros al año.