La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados ha pospuesto al miércoles de la próxima semana el debate y votación con competencia legislativa plena sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la normativa sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria. La decisión se toma después de que todos los agentes implicados en la cadena agroalimentaria, las organizaciones  agrarias, ASAJA, COAG y UPA, en representación de la producción; Cooperativas Agroalimentarias España, FIAB y PROMARCA en nombre de la Industria y ASEDAS, como distribución, se han dirigido a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria para pedir que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria que está a punto de aprobarse en el Parlamento.

Del mismo modo, ésta petición se ha reiterado a los ministros de Agricultura, Luis Planas, e Industria y Comercio, Reyes Maroto, por considerarse que sólo así quedará protegida la lealtad en las transacciones comerciales entre los operadores y la aportación de valor en todos los eslabones que intervienen en la cadena.

Tras meses de interlocución e intensas negociaciones, la reforma de la  Ley de Cadena Alimentaria se debía haber votado este miercoles en el Congreso de los Diputados (aunque se ha postpuesto al presentarse varias enmiendas transaccionales por lo que consideran que necesitan más tiempo para estudiarlas y negociar) y todos los agentes implicados en ella consideran que la trasposición de la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales supone una oportunidad indiscutible para modificar la Ley 12/2013 que regula las medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y desarrollar una regulación más coherente y que aporte seguridad jurídica a los operadores en relación con la destrucción del valor en la cadena en este sector.

Por ello, inciden la necesidad de extender la decisión de que se prohíba la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final y que supondría otorgar el reconocimiento público al sector agrario  como elemento estratégico en la cadena alimentaria. Porello, recalcan que «la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados tiene ahora la llave para conseguir mejorar notablemente el funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria de este país». Después quedará pendiente el paso de la ley por el Senado, antes de que entre en vigor durante el próximo mes de noviembre.

La trascendencia de esta reforma de ley queda patente si se recuerda que el sector agroalimentario español aporta cada año cerca de 100.000  millones de euros a la economía española,  el 9,7%  del valor añadido bruto, genera 2,3 millones de empleos (el 11,7 del total nacional) y representa más del 17,4% del total de los bienes exportados por España.