EFE.- La eliminación total y progresiva, hasta 2018, de las bolsas de plástico de un solo uso y no biodegradables, es otra de las novedades de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada hoy en el pleno de la Cámara Baja, donde se han aceptado gran parte de las enmiendas introducidas en el Senado.
La ley, que traspone una directiva comunitaria y actualiza la antigua normativa española en esta materia (1998) obliga a España a llevar a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), antes de 2015.
Durante el debate, la diputada del Grupo Popular, María Teresa Lara, ha criticado algunos puntos de la norma por considerar tenían una redacción "chapucera", ha criticado el sistema de retorno de los cascos y ha recordado que fue rechazado por Francia y Reino Unido por su coste excesivo.
La diputada del grupo ERC/IU/ICV, María Nuria Buenaventura, ha considerado por su parte que se pierde una oportunidad de avanzar hacia una economía "ecoeficiente".
El diputado del Grupo Vasco Joseba Aguirretxea ha calificado la ley de "muy importante, y necesaria", el de CIU, Carles Campuzano, ha argumentado que el texto "da tranquilidad" en materia competencial.
Los ciudadanos pueden dejar de considerar los residuos "como desechos" para pasar a valorarlos "como materias primas", ha destacado por su parte la portavoz socialista Margarita Pérez Herráiz.
El calendario marca que para antes de 2013 hay que sustituir el 60% de las bolsas de un solo uso no biodegradables; en 2015 el 70%; en 2016 el 80% y en 2018 hay que llegar al objetivo del 100 por 100, a excepción de las que se utilizan para pescados, carnes y otros productos perecederos.
Otra novedad es la creación de una Comisión para la cooperación técnica y la coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos.
La posibilidad que se establece de volver al antiguo sistema de devolución de botellas, conocido ahora como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), ha sido uno de los puntos más polémicos, y ha contado con la oposición de Ecoembes, la sociedad que gestiona los llamados puntos verdes de recogida de envase, y también de algunas organizaciones de consumidores y la Federación Española de Industrias de la Alimentación, entre otros.
A favor están diferentes ONGs, como Greenpeace y Ecologistas en Acción, y la plataforma Retorna, de la que forman parte, entre otros, el sindicatos CCOO.
Los primeros aducen, entre otros, que la implantación de SDDR supondrá una desembolso de entre 400 y 600 millones de euros, para los segundos se abre la puerta a la creación de un significativo número de empleos verdes y a la consecución de mayores cuotas de reciclaje.
Por primera vez, un texto legislativo regula los biorresiduos al objeto de fomentar su reciclado y aprovechar de forma óptima sus recursos al tiempo que introduce mecanismos para priorizar el reciclaje de papel usado dentro de la Unión Europea.
De los 51 millones de envases de bebidas que se venden al día en España, aproximadamente uno por habitante, solo se recicla el 30 por ciento, según cifras de la Asociación Retorna.
El 52 por ciento de la basura generada en España sigue acabando en el vertedero, según datos difundidos este año por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.