Por eso, mientras prosiguen las negociaciones entre el Magrama y las CCAA y las propias organizaciones agrarias, se intenta cerrar que haya sectores que no están incluidos en los pagos directos y la falta de concreción de alternativas para controlar y regir los precios.
A este respecto, la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, se alineó con las OPAS y cargó contra la Comisión Europea donde, a su juicio, "piensan desde sus despachos y de manera global, sin tener en cuenta las situaciones particulares, ni la crisis". La consejera lamentó que se haya perdido la oportunidadde abordar "la volatilidad de los precios para subsanar la pérdida de renta agraria, que de 2003 a 2011 ha descendido un 26%".
Para Silvia Clemente no se ha avanzado lo suficiente en el tema del agricultor activo
Una ausencia que no se debe, precisamente, porque no haya habido propuestas "valientes", señaló y explicó que por lo contrario, que algunas, como las que procedieron de Francia, "eran demasiado valientes y no se atendieron en el ParlamentoEuropeo".
En un repaso sobre los puntos principales de la PAC, reconoció que las pretensiones sobre la figura del agricultor activo no se han conseguido completamente. "A todos nos hubiera gustado llegar más lejos, pedíamos que se exigiera el 50% de los ingresos vinculados a la actividad agraria y sólo es el 20%, pero ya es algo", defendió la titular de Agricultura, que recordó que Castilla y León es la responsable de introducir este debate en el seno de la Unión Europea.
Al respecto, cifró los frutos iniciales de este cambio en las 14.000 solicitudes de cesión de derechos, "el doble de lo habitua". Explicó que la mayoría corresponden "a personas de edad avanzada que han entendido que no cumplirán con los ingresos de rentas agrarias y que tienen que dejar paso a los jóvenes".