A ese efecto, la Presidencia irlandesa de turno de la Unión mantendrá reuniones trilaterales con cada ministro y la CE desde el domingo para escuchar cuáles son las líneas rojas de cada país en la negociación.
El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que asistirá a la reunión, ya avanzó esta semana que hay muchos temas abiertos que deberán resolverse y que entre los que más afectan a España está el de la "convergencia interna" o cómo se repartirán las ayudas agrícolas a nivel nacional.
Muchos flecos por cerrar en cuestiones claves
España (junto a otros países como Irlanda o Dinamarca) insiste en tener la flexibilidad suficiente para que todos los agricultores mantengan el nivel de ayudas percibido hasta ahora para seguir sacando rentabilidad de sus explotaciones, y que ningún sector entre en pérdidas por razón de la aplicación de esta reforma.
Por el momento, la CE se mantiene firme en su propuesta de que haya un umbral mínimo de convergencia de las ayudas a nivel nacional, que defiende que sea del 75% del pago medio regional por hectárea (una cifra que España considera demasiado elevada).
Otros asuntos aún por cerrar y vinculados a la convergencia interna son las medidas ecológicas por cuya aplicación los agricultores recibirán hasta un 30% de los pagos directos, o el porcentaje que podrá dedicarse a ayudas acopladas, aquellas que de forma excepcional están vinculadas a la producción.
España tiene interés en garantizar ayudas acopladas para cultivos como el algodón y el tabaco, según fuentes diplomáticas.
También está por decidir la definición de agricultor activo, agricultor joven y pequeñas explotaciones, y si se les dedicará ayudas de forma obligatoria o voluntaria.
Flexibilidad para efectuar los pagos y avances en desarrollo rural
En el apartado de desarrollo rural, que está más avanzado que otros, a España le interesa lograr un buen acuerdo sobre el apoyo al regadío, mientras que en el reglamento sobre la organización común del mercado se debe acordar una fecha para el fin de las cuotas de azúcar (previsto inicialmente en 2015) y una modernización de las autorizaciones de plantación de viñedo.
Por lo que respecta al reglamento horizontal de la PAC, España y otras 18 delegaciones remitieron una declaración al Consejo en la que piden dejar flexibilidad a los países para gestionar las agencias que efectúan los pagos a los agricultores.
En paralelo a las discusiones del Consejo los ministros mantendrán reuniones con los negociadores del Parlamento Europeo, que acudirán a Luxemburgo para tratar de agilizar la consecución de un acuerdo.
Los ministros esperan que tras dos días de intensas negociaciones puedan aprobar un texto que el PE esté dispuesto a aceptar, aunque fuentes comunitarias advirtieron de que sólo se anunciará un eventual acuerdo definitivo en Bruselas, donde las tres instituciones (Consejo, Eurocámara y Comisión) esperan celebrar un trílogo final en el que validen el resultado.
El complicado acuerdo ‘hispano-español’
Sin embargo, pase lo que pase esta semana, los problemas y las discusiones no habrán acabado en el campo español, ya que el acuerdo que se pueda cerrar con la Comisión y el Parlamento Europeo tendrá una segunda parte cuando se deba iniciar el llamado acuerdo ‘hispanol-español’, o, lo que es lo mismo, el acuerdo entre las 17 autonomías del Estado para repartir el dinero que llegue de Europa.
Según las previsiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se espera que esta nueva negociación "sea más complicada que la europea" propiamente dicha, ya que hasta el momento ha quedado claro que ninguna comunidad está dispuesta a ceder ni un sólo euro de lo que ahora percibe, aún en el caso de que, como es más que previsible, haya recortes por parte de Europa.
El calendario previsto por el Ministerio, en el caso de que se cierre la PAC esta misma semana, es que sea a partir del 9 de julio cuando el propio Ministerio envíe a todos los consejeros y organizaciones agrarias del país un "cuestionario" sobre los acuerdos alcanzados y sobre los planes del Gobierno, para que sea inicialmente el 23 y el 24 de julio cuando se celebre una Conferencia Sectorial con todas las partes implicadas para intentar cerrar un nuevo acuerdo.
Pero ésa será otra guerra, no más fácil que la precedente, para la que antes habrá que lograr un acuerdo beneficioso esta semana en el seno de la Unión Europea.