En el desglose de algunas de las medidas consensuadas entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también se ha dejado claro que se ha establecido que el umbral máximo para la percepción de ayudas sea de 300.000 euros, para evitar que los grandes terratenientes puedan acapar la mayor parte de los fondos.
Sin embargo, para calcular este importe, el ministro ha explicado que se podrán deducir los costes laborales del beneficiario y no se tendrá en cuenta el importe de la ayuda procedente del pago verde. Igualmente, se tendrán en cuenta las circunstancias específicas de la agricultura asociativa, para que no salga perjudicada, en especial en un momento en el que se está apostando por el cooperativismo como fórmula de futuro del sector.
Respecto a la también controvertida decisión de que no se aplique el pago adicional a las primeras hectáreas, o que tampoco se haya considerado que los productores y superficies de viñedo, frutas y hortalizas, que hasta ahora no percibían ayudas de la PAC, se incorporen al nuevo modelo de ayudas, lo que ha provocado el enfado de dos comunidades tan impliadas en esta decisión como La Rioja o Murcia, el ministro MIguel Arias cañete ha aclarado que, si se hubieran incorporado, habría que haber reducido las ayudas de otros agricultores y ganaderos, una decisión que no contó con el respaldo de la mayoría de las autonomías.
En este sentido, se ha decidido también que el importe de 142,7 millones de euros, que el programa de apoyo al sector vitivinícola destinó al régimen de pago único, se incorpore de forma definitiva al régimen de pagos directos. Arias Cañete también ha avanzado que se impulsará la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de organizaciones de productores en todos los sectores agrarios, a los agricultores y productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan.
De igual forma, se ha creado asimismo un grupo de trabajo de alto nivel para definir la figura de agricultor activo, incluida la ampliación de la lista negativa de organismo y entidades que dejarán de percibir ayudas, así como otro grupo en relación con los pagos acoplados, que analizará la problemática de cada sector. A este respecto, la Conferencia Sectorial considera que deberá utilizarse el porcentaje máximo del 15%, y que los sectores ganaderos, en particular, deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos.