"En lugar de apoyarse sólo en los investigadores de la FDA en los puertos de entrada para detectar y responder a problemas de seguridad alimentaria, los importadores tendrán, por primera vez, la responsabilidad de verificar, de forma transparente para la FDA, que la comida que importan es segura", explicó el funcionario de la agencia Michael R. Taylor.
El cambio obligará a los importadores elaborar un plan específico para su labor, que incluye identificar riesgos relacionados con cada alimento y certificar que estos están controlados.
En segundo lugar, la FDA comenzará a conceder acreditaciones a agencias gubernamentales extranjeras o empresas privadas para que a su vez autoricen a inspectores independientes a que a "inspeccionen y emitan certificaciones para instalaciones y alimentos extranjeros, bajo ciertas circunstancias".
"En general, no se obligará a que los importadores obtengan certificaciones, pero éstas pueden ser usadas por la FDA para determinar si admite ciertos alimentos importados que presenten un riesgo de seguridad a Estados Unidos", señaló la agencia, que no dio más datos sobre esos productos de riesgo.
Las reglas excluyen los productos cárnicos, regulados por el Departamento de Agricultura, y el pescado y mariscos, que cuentan con sus propias regulaciones para las importaciones; además de a los pequeños importadores, cuyas ventas a EE.UU. no superen los 500.000 dólares anualmente.
Se aplicará en especial a la fruta fresca, verduras y quesos
La FDA calcula que el 50% de las frutas frescas que consumen los estadounidenses son importadas, así como el 20% de las verduras y buena parte de los quesos, tres grupos de alimentos a los que sí se aplican las nuevas normas.
En los últimos meses, la venta de una mezcla congelada de frutos del bosque ha sido relacionada con 153 casos de hepatitis A en EE.UU., y también se han relacionado las frutas y verduras importadas con un brote de infección gastrointestinal que ha afectado a al menos 320 personas en 13 estados.
Las reglas, elaboradas a raíz de una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2010 para robustecer la seguridad alimentaria, se mantendrán en periodo de revisión durante 120 días antes de entrar en vigor.