Según señala en una nota GESLIVE, entidad dedicada a la gestión de licencias vegetales y a la protección de los derechos de las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de las nuevas variedades vegetales, ambos casos se tratan de delitos contra la propiedad industrial debido a la reproducción fraudulenta de estos tipos de clavel, variedades vegetales protegidas, cuyos titulares cuentan con derechos exclusivos y privilegios como los de producción y reproducción acondicionamiento para la reproducción, la venta o comercialización, la exportación o importación, e incluso la mera posesión para cualquiera de esos fines.
Hoy en día la multiplicación ilegal de variedades protegidas se ha convertido en un problema gravemente enraizado en las principales zonas productoras de clavel situadas en Andalucía.
Este fraude no sólo genera pérdidas millonarias a las empresas dedicadas a la obtención de nuevas variedades de clavel, sino que reduce la calidad del producto final, puesto que no existe trazabilidad probada y se ven mermadas las garantías sanitarias.
La reproducción fuera de la ley de esquejes de clavel pertenecientes a variedades protegidas mediante enraizamiento para su posterior comercialización es un delito incluido en el Código Penal y susceptible de ser perseguido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Em opinión de la empresa, esta "práctica ilegal frena la investigación, así como el desarrollo e innovación de nuevas variedades de flor más resistentes y con un valor añadido mayor".
Estas dos condenas se han llevado a cabo a raíz de sendas denuncias presentadas por GESLIVE ante la Patrulla Fiscal Territorial de Sanlúcar de Barrameda de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz.
En octubre del año pasado ya fue condenado otro floricultor, esta vez de Chipiona, por este mismo delito, al multiplicar ilegalmente la variedad protegida de clavel ‘Wesroman’. Esto indica "que se está trabajando firmemente en minimizar este grave problema".