La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha comenzado a organizar un grupo de agricultores afectados por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de convertir parte de sus parcelas en Dominio Público Hidráulico (DPH) «con una compensación injusta. Estos terrenos, colindantes con cauces públicos, sufrieron graves daños durante la riada del 29 de octubre, y ahora sus titulares podrían perder derechos sobre ellos sin una compensación justa», aseguran.
El objetivo del grupo es aglutinar al colectivo damnificado, facilitar el asesoramiento técnico y jurídico personalizado e impulsar acciones conjuntas para defender los derechos de los agricultores ante esta situación. AVA-ASAJA ya está realizando labores de información para aclarar a los afectados si sus tierras están dentro de los nuevos límites marcados por el Ministerio de Transición Ecológica.
La asociación agraria no se opone a la nueva catalogación de estas parcelas si el proceso se realiza con transparencia, garantías legales y compensaciones justas, especialmente si van dirigidas a mejorar las infraestructuras hidráulicas y reducir el riesgo de nuevas catástrofes como la sufrida recientemente. Sin embargo, rechaza con firmeza la forma en que se está gestionando esta situación y que se apueste por «una compensación injusta».
“NO SE PUEDE CASTIGAR DOS VECES AL AGRICULTOR: PRIMERO CON UNA CATÁSTROFE NATURAL Y DESPUÉS CON UNA DECLARACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO QUE LE ARREBATA SU TIERRA SIN UNA COMPENSACIÓN JUSTA”
El Ministerio de Agricultura ha mostrado su buena voluntad en este procedimiento, aunque ha marcado una compensación de 11.800 euros por hectárea (menos de 1.000 euros por hanegada), una ratio que desde AVA-ASAJA se considera muy por debajo del valor real del suelo agrícola y que efectivamente solo busca compensar los daños de la DANA.
Por contra, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha puesto sobre la mesa ninguna figura de expropiación o procedimiento equivalente que garantice una compensación adecuada por la pérdida de la propiedad. A ello se suma la responsabilidad compartida de la Administración, ya que el mal estado de los barrancos y la falta de infraestructuras hidráulicas agravaron las consecuencias de la riada.
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, subraya que “no se puede castigar dos veces al agricultor: primero con una catástrofe natural que arrasa sus campos y después con una declaración de dominio público que le arrebata su tierra sin una compensación justa. Reclamamos una respuesta inmediata, proporcional y digna para un sector que ya está en estado crítico. Es imprescindible organizarse, hacer frente común y luchar por una justicia que ahora mismo no está llegando”.