Castilla-La Mancha ha vivido este jueves 21 un día histórico. Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, normativa que  “nos ayuda en la dirección correcta, porque busca la igualdad de oportunidades, busca empoderar a las mujeres en el medio rural, visibilizar a las mujeres y reconocer el papel de las mujeres rurales”.

Así lo ha trasladado en la tribuna el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, desde donde ha defendido el trabajo iniciado en la legislatura pasada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page junto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), y que hace que “hoy en Castilla-La Mancha demos un paso que no ha dado ninguna otra comunidad autónoma hasta ahora”.

Una Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, en plural, “con toda la fuerza que otorga la letra ese, que identifica no a una, ni a dos ni a tres, ni a mil, sino a todas las mujeres rurales, a la mitad de la sociedad en Castilla-La Mancha y la mitad de la sociedad en el conjunto de nuestro país”, ha destacado Martínez Arroyo.

En la tribuna, un alegato a la igualdad y la democracia paritaria en el medio rural y en la vida, con un texto que tiene como objetivo “mejorar la vida de la mitad de la sociedad” en una región como Castilla-La Mancha, claramente rural.

Ha recordado que Castilla-La Mancha da “un paso más” y contribuye también a los objetivos de desarrollo sostenible 20-30, un total de 17 objetivos, donde el número 5, ha mencionado es “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

“Tenemos la enorme suerte de poder decir que nuestra sociedad nos ofrece libertad y trabaja por igualdad, pero es necesario hacer esfuerzos en la dirección correcta” y ese, el camino que hoy se ha tomado con la aprobación de una Ley que visibilizará a las mujeres rurales, ha enfatizado el consejero.

Agradecimientos a todas las que han colaborado en realizar esta Ley

Martínez Arroyo ha tenido palabras de agradecimiento al presidente Emiliano García-Page “por dejarme el honor de preparar y defender una ley que es un antes y un después para el medio rural”, a las mujeres presentes en la tribuna de invitados, y a “todas las que han ayudado a hacer la Ley”, particularmente a las presidentas de Fademur a nivel regional y nacional, y a Elena y Toté, funcionarias de Consejería, “no solamente por construir la Ley sino por hacerme ver la necesidad de trabajar en esta dirección”, así como a la directora del Instituto de la Mujer la pasada legislatura, Araceli Martínez y a la consejera de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández.

El Estatuto de las Mujeres Rurales es un “proyecto colectivo de todos”, que ha llevado tres años de trabajo intenso; una Ley feminista que pretende entre otros aspectos, coordinar las acciones en el medio rural desde la igualdad, fomentar la formación, luchar contra la discriminación sexual en el trabajo o la obligatoriedad a que las asociaciones u organizaciones empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario tengan una representación mínima en sus órganos de representación de un 40 por ciento de mujeres.

Impulso a la titularidad compartida

Especial hincapié ha hecho el consejero en su artículo 11, donde se recoge la priorización de las mujeres en las ayudas y subvenciones en aquellas solicitudes cuya titular sea una mujer, o sea compartida. Y es aquí, en la titularidad compartida, donde ha destacado que se seguirá trabajando junto con el Gobierno central para impulsar que de verdad en la región prevalezca este modelo de gestión que iguala a hombres y mujeres.

En Castilla-La Mancha se han conseguido ya avanzar en esta materia, ha explicado, no solo por el impulso del Gobierno regional, sino “por el compromiso del sector agroalimentario y rural de Castilla-La Mancha”.

Así, hoy en el 33 por ciento de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural  se prioriza ya a las mujeres “cuando en anterior PDR no había priorización”, lo que ha supuesto un avance fundamental del papel de las mujeres en el campo y en los pueblos. Se han priorizado también a las mujeres en los seguros agrarios, en las líneas de sanidad vegetal o en las ayudas a la reestructuración de viñedos, introduciéndose la perspectiva de género incluso en el tratamiento informático de todas las líneas de ayudas.