Jaime Izquierdo Varillas / Experto en Desarrollo Rural y Asesor en desarrollo rural durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero

La moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a favor de “la revitalización e impulso de aplicación de la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural”, que contó con el respaldo del resto de los grupos parlamentarios, a excepción del PP que se abstuvo, y los diputados del PNV y Foro Asturias, viene a llamar la atención sobre la necesidad de abordar una política de estado que mire para los territorios rurales con ojos nuevos.

Los problemas del mundo rural no pueden seguir en segundo plano por mucho que la economía y el desarrollo parezcan tener como referentes únicos la perspectiva urbana. Por eso es una buena noticia que el grupo parlamentario de Podemos remueva el asunto y busque acuerdos al respecto con otras fuerzas políticas. Y esa buena noticia tiene también una vertiente muy interesante en el sentido de traspasar los límites partidarios, no solo por el amplio apoyo que la moción ha tenido, sino porque siendo una ley que fue impulsada, diseñada y trabajada por el PSOE, nunca fue una ley del PSOE. Me explico.

Cualquiera que lea el breve e inspirador texto articulado de la norma se dará cuenta que estamos ante una ley de orientación, que abre claramente sus intenciones hacia la participación, la corresponsabilidad entre las Administraciones públicas y la búsqueda de itinerarios para reconstruir un medio rural que sigue cayéndose a pedazos. Es también una ley con cierto carácter instrumental en el sentido que necesita crear procesos de concertación entre elementos dispares. Y es, sobre todo, una ley que requiere amplios consensos para empezar a andar y desplegar todas sus virtudes.

En definitiva, el pensamiento que compartíamos todos los que de alguna manera estuvimos relacionados con la gestación de la Ley era precisamente el de construir un puente entre la política y la sociedad para evitar que el desierto demográfico, o la explotación intensiva, marcasen el devenir de todo lo que está fuera de la ciudad y sus servidumbres. Es, por tanto, una ley para buscar un nuevo contrato social, económico y cultural entre el campo y la ciudad.

El Partido Popular que tiene ahora la responsabilidad del gobierno del Estado no debería tener recelos contra la ley. No en vano ha hecho explicita su preocupación por el despoblamiento rural, una de las consecuencias del desmoronamiento del territorio, y por tanto da pruebas formales de su preocupación por el asunto. La buena noticia sería que se sumase a esa preocupación compartida y viera la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural como una oportunidad para ensayar políticas de concertación nacional a favor del reequilibrio territorial entre un campo que necesita una nueva política y una ciudad que necesita, como el aire, un medio rural saludable.