ASAJA ha critica que el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León haya comenzado a aplicar descuentos de hasta el 20% en las multas y sanciones de expedientes sancionadores si el administrado “reconoce la responsabilidad” y efectúa el “pago voluntario”, ya que considera que esta medida obliga al sancionado a renunciar a sus derechos de reclamar. Esta medida la sustentan en lo establecido en artículo 85.1 y 85.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El Servicio Territorial de León le ofrece a los sancionados la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad en cualquier momento del proceso administrativo anterior a la resolución del expediente, aplicando una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por el órgano sancionador. Esta reducción está condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
La medida «no deja de ser una treta de la Administración para que no se utilicen los elementos de defensa a su alcance»
En sanciones únicamente pecuniarias, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada, si es el caso, o la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En este supuesto del pago voluntario se aplicará una reducción del 20%. El administrado que reconozca la responsabilidad y a la vez acepte el pago voluntario, tendrá una reducción acumulativa del 40% de la sanción.
ASAJA considera que esta medida, que es voluntaria para el administrado, puede suponer un menor desembolso ante un hecho sancionable, «pero no deja de ser una treta de la Administración para que el sancionado no utilice los elementos de defensa que tenga a su alcance».
En este sentido, insiste en que los ganaderos y agricultores sufren un permanente acoso por parte de los funcionarios de Agricultura y Ganadería, del servicio del Seprona de la Guardia Civil, de los agentes de Medio Ambiente, y de la guardería de las Confederaciones Hidrográficas, entre otros entes y agentes públicos.
Las organizaciones agrarias, en este caso ASAJA, gestionan cada año centenares de expedientes sancionadores de los socios, en los que el administrado tiene todas las dificultades para demostrar su inocencia, pues prevalece el criterio del funcionario, y que suponen un importante desembolso por lo elevadas que son las sanciones. La actividad ganadera en extensivo, y en general toda la actividad agropecuaria en zonas de montaña, es la más sujeta a controles y normas de todo tipo que la regulan.