El objetivo es alcanzar una mayor estabilidad financiera a largo plazo, estudiar alternativas de reordenación de la base accionarial y asesorar, en su caso, en los posteriores procesos de ejecución.
Entre las entidades que deben desinvertir figuran Bankia con el 18,6%; Caixabank, con 5,2%; y Kutxabank, con 4,84%, según reflejan los datos de la CNMV.