La UCCL considera imposible cumplir el protocolo de flexibilización anunciado por la Junta de Castilla y León, al considerar que en la práctica no representa ningún avance.
El Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina de 2019 como novedad recoge la posibilidad de aplicar un “protocolo de flexibilización” en las provincias cuya prevalencia sea inferior al 1%. Este protocolo, permitiría supuestamente a los ganaderos vender a cebaderos calificados terneros negativos de menos de 12 meses de explotaciones en las que se hayan marcado un pequeño porcentaje de animales.
Una vez analizado dicho protocolo, y tratando de llevarlo a la práctica por parte de algunos ganaderos, desde Unión de Campesinos de Castilla y León han podido comprobar cómo este, «es en la práctica imposible de cumplir, pues los requisitos que se exigen no permiten para nada salirse del guión actualmente establecido para explotaciones positivas. Además, realmente no está hablando de explotaciones con posibles falsos positivos, sino de animales dudosos a la prueba en piel, es decir, a todas luces negativos. Por lo tanto, no soluciona en nada el grave problema de restricciones de movimientos que genera en las explotaciones el gran número de falsos positivos, es decir, de animales que una vez marcados, dan negativo en el cultivo posmortem».
En el hipotético caso de que algún ganadero cumpliera el protocolo de flexibilización sería el propio cebadero quien no querría comprar los animales
Por otra parte, tratando de hacer valer este protocolo en casos particulares, han podido comprobar la «enorme descoordinación existente en el seno de la propia administración, pues los responsables de algunas unidades veterinarias, ni siquiera conocían la existencia de dicho protocolo, negando la mayor y considerando que el mismo respondía a la inventiva del propio ganadero».
Otro aspecto que hace imposible el cumplimiento de este protocolo es la actitud de la administración en cuanto un ganadero se plantea acogerse al mismo, llamando directamente al cebadero afectado advirtiéndole de los graves riesgos que llevaría implícitos el hecho de adquirir terneros de explotaciones acogidas a este protocolo, traspasando el problema de la explotación de nodriza a la de cebo. Por ello, en el hipotético y dificilísimo caso de que algún ganadero cumpliera los requisitos exigidos en el protocolo, sería el propio cebadero quien no querría comprarle los animales, viéndose obligado a malvenderlos en uno de los llamados “cebaderos sucios”.
Desde la Unión de Campesinos, denuncian por tanto que «este protocolo, vendido a bombo y platillo, se queda en la práctica en papel mojado, tratándose una vez más de una venta de humo por parte de la administración, que en nada soluciona la situación de los ganaderos. Continuamos pues exigiendo una solución real y eficaz a las injustas restricciones de movimientos que se imponen a los ganaderos una vez que sus animales son marcados. Esta solución pasa por dejar que los animales menores de 12 meses de estas explotaciones puedan ser vendidos a cebaderos calificados cuyo único destino posterior sea el matadero».
En todo caso, y como solución alternativa, la organización agraria defiende que «se podría exigir una prueba de saneamiento previa únicamente a los animales que vayan a ser vendidos, de forma que los ganaderos puedan regularizar sus ingresos y organizar adecuadamente el manejo de su ganado, y dejen de pagar de su bolsillo una política de sanidad animal injustamente entendida y aplicada por parte de la administración».