Para la FEEM, según explica su presidente, Antonio Martín Cabanillas, “es inconcebible que en un estado de derecho, se dé una patada a la Constitución Española, por parte de quienes más deben hacer gala de su cumplimiento”, en referencia al Gobierno, sus miembros e instituciones, y ha insistido en que “a poco que se fije uno, se ve claramente que se está vulnerando la Carta Magna”.
Todos los españoles "ya no somos iguales ante la ley"
En concreto, desde la FEEM se refieren al artículo 14 del citado RDL en el que se especifican los beneficiarios del mismo, en el que se citan tanto a las entidades locales como a las mancomunidades y consorcios y donde no aparecen las entidades menores. “Al parecer”, dicen desde la FEEM, “todos los españoles y españolas somos iguales ante la Ley, “menos los que vivimos en los Entes Locales Menores, ya que a pesar de su mayor rango institucional, se excluyen de estos beneficios en los que sí se ampara a entidades cuya representatividad no emana del sufragio directo”.
Desde la Federación Española de Entidades Menores insisten en que “no se entiende que seamos excluidos, ni siquiera por lo que se ha dicho en normas anteriores sobre el mismo asunto, que es la garantía de la PIE, ya que no la recibimos de forma directa; como tampoco la reciben los Consorcios y las Mancomunidades y sin embargo son beneficiarias, de este RDL”.
A pesar de este varapalo, la FEEM ya ha comenzado a movilizarse y por ello ha comenzado una campaña entre las más de 3.700 entidades locales que hay en todo el país para que remitan un escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, solicitando que mediante Nota Ministerial o por el cauce más ágil posible, se subsane esta circunstancia y se incluya a las EATIM en el citado artículo 14 del RDL. Asimismo, solicitan que se amplíe el plazo sólo a los efectos de las EATIM a 15 de agosto.
En el documento que están remitiendo a estos organismos, se apela a la escasa deuda de las EATIM con proveedores –no más de 10 millones de euros en la suma de las más de 3700 de todo el país-, a la inconstitucionalidad de la medida y a la existencia de mecanismos para garantizar el pago.