La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) en Andalucía denuncia públicamente que el Proyecto de Ley de Montes de Andalucía «se está tramitando de espaldas al territorio, a los profesionales que lo vigilan y a la realidad diaria del medio rural, excluyendo de manera injustificable a los guardas rurales de seguridad privada».

En este sentido, defiende que los Guardas Rurales —incluidas sus especialidades de Guarda Rural de Caza y Guardapescas Marítimos— «son trabajadores esenciales para la protección del monte andaluz. Son quienes patrullan, previenen, denuncian y se juegan la integridad física frente al furtivismo, los incendios forestales, los delitos medioambientales y las agresiones, actuando como primeros intervinientes y en coordinación con la Guardia Civil».

Sin embargo, denuncian que  el Gobierno de Andalucía pretende aprobar una Ley de Montes que borra deliberadamente a este colectivo, a pesar de que: está plenamente reconocido en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, está habilitado por el Ministerio del Interior, actúa bajo coordinación y supervisión de la Guardia Civil y cuenta con jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce su protección jurídica frente a agresiones.

«Esta exclusión no es un error técnico, es una decisión política que debilita la ley, genera inseguridad jurídica y favorece al infractor, dejando zonas del monte sin vigilancia efectiva», aseguran .

ENMIENDAS CLARAS: «O SE CUENTA CON LOS GUARDAR RURALES O LA LEY FRACASARÁ»

Desde FTSP-USO Andalucía se han presentado enmiendas concretas y jurídicamente solventes «para corregir este despropósito legislativo».

Enmiendas que reclaman, entre otras cuestiones básicas:

El reconocimiento expreso del Guarda Rural y sus especialidades en la Ley de Montes.

Su integración real en la guardería forestal y la vigilancia del monte.

Una colaboración público-privada efectiva, no propaganda institucional.

La capacidad y obligación de denunciar infracciones y delitos medioambientales, sin vacíos territoriales que hoy amparan el furtivismo.

El reconocimiento de la presunción de veracidad de sus informes.

Su consideración como agentes preventivos y primeros intervinientes.

Formación homologada, coordinación real y protocolos claros.

Financiación y empleo rural estable, frente al abandono y la despoblación.

Ante decisión de la Junta de Andalucía, FTSP-USO es tajante: “No se puede proteger el monte desde un despacho mientras se ignora a quienes lo protegen con botas, linterna y chaleco. Una Ley de Montes sin Guardas Rurales es una ley débil, hipócrita y condenada al fracaso.”

Por eso, desde FTSP-USO Andalucía exigen al Gobierno andaluz y a los Grupos Parlamentarios que «rectifiquen, admitan las enmiendas presentadas y dejen de legislar contra los trabajadores del sector. Andalucía no necesita más leyes de escaparate, necesita normas útiles, coherentes y aplicables, que refuercen la vigilancia del medio natural y protejan a quienes ya están haciendo ese trabajo. Ignorar a los Guardas Rurales es ignorar al campo andaluz. Y FTSP-USO no va a permanecer en silencio».

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