Por otro lado, a finales del mes de octubre el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha publicado un informe a través de la Red Global de Información Agraria en el que se analiza la apuesta por los cultivos transgénicos en España y Portugal y donde se hace eco también de esta cifra estimada, señala la nota de estas organizaciones.
Que hacen hincaié en que organizaciones como la PALT y Greenpeace han demostrado, a través de datos aportados por las propias comunidades autónomas, que existen diferencias significativas de más del 70% entre lo estimado por el MAGRAMA y la información suministrada por las administraciones autonómicas, como ocurre en los casos de Andalucía y Cataluña.
Este año Greenpeace consultó las 17 comunidades autónomas y pidió a través del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006 información ambiental sobre el cultivo de maíz para los años 2010-2011-2012 y 2013 de acuerdo con lo declarado por los agricultores en la solicitud única de la PAC. Sólo Andalucía y Cataluña han contestado con los datos de 2013, constatando las desviaciones que van del 30 al 70% de menos, por ello se ha realizado una comparativa para los últimos dos años.
Un gran falta de transparencia
Por otro lado cabe destacar que la gran mayoría de las CC.AA no contestó a la solicitud de información ambiental dirigida por Greenpeace, lo que es un claro incumplimiento del Convenio de Aarhus y de la Ley 27/2006 que regulan el acceso a la información ambiental.
Se constata también que comunidades autónomas como Galicia, que no aparecen en las estimaciones del MAGRAMA, declara cultivar transgénicos en los dos últimos años, o que Cantabria declara haber cultivado transgénicos en 2011 en contradicción con las cero hectáreas estimadas por el Ministerio, lo que demuestra, igualmente, que las estimaciones ocultan la realidad.
La información aportada por las comunidades autónomas procede de los datos de los agricultores en la solicitud única de la Política Agrícola Común (PAC), donde es obligatorio por la persona solicitante indicar si la variedad sembrada está modificada genéticamente o no en las parcelas agrícolas de la explotación.
El Ministerio debería ofrecer los datos reales de la superficie cultivada con maíz transgénico, algo que sería relativamente “fácil” y más coherente a través de las declaraciones de las ayudas de la PAC.
La falta de transparencia y control, a pesar de las exigencias legales que el Gobierno debería cumplir, es una de las causas por las que la industria transgénica puede campar a sus anchas en territorio español, y ha llevado a distintas organizaciones a interponer sendos recursos en lo relativo a los registros públicos.
Un año más, el MAGRAMA sigue inflando los datos del maíz transgénico cultivado en España, por lo que desde las organizaciones firmantes exigimos al MAGRAMA y a las propias comunidades autónomas una aclaración inmediata de los datos de transgénicos en España a partir de la realidad y no en estimaciones basadas en la información suministrada por las propias empresas interesadas.