EFE.- Las organizaciones WWF y Ecologistas en Acción han denunciado un nuevo caso de envenenamiento de aves rapaces y especies en peligro de extinción en un coto de caza de Gerindote (Toledo), donde han aparecido una treinta de cadáveres, unos hechos por los que hay un imputado.
Según informan en un comunicado conjunto las organizaciones conservacionistas, el caso está ya en los juzgados de Torrijos y anuncian que se van a personar para tratar de que se actúe "con contundencia" por este nuevo caso de cebos envenenados, que ya han puesto de conocimiento de la nueva consejera de Agricultura, María Luisa Soriano.
El caso arranca el pasado mes de agosto en la finca ‘La Casa Nueva’ de Gerindote (Toledo), donde se hallaron más de treinta cadáveres de rapaces, entre ellas un águila imperial y cuatro milanos reales- especies catalogadas en peligro de extinción, además de águilas ratoneras, milanos negros y varios animales domésticos.
Según WWF y Ecologistas en Acción, los análisis toxicológicos han confirmado el envenenamiento de distintos ejemplares en esta finca, que tiene "un largo historial relacionado con delitos contra la fauna".
De momento, se ha suspendido la caza en el coto y hay un imputado por vía penal, en la que se van a personar los ecologistas tras haberlo hecho por la vía administrativa, quienes pretenden que se actúe con contundencia y que se intensifiquen los esfuerzos del Plan Regional de lucha contra el veneno.
En la investigación han intervenido técnicos del Plan Regional de lucha contra el veneno en Toledo, agentes medioambientales de la comarca de La Sagra, la Unidad de Agentes Medioambientales especializada en casos de venenos (UNIVE), la patrulla canina regional para la detección de cebos envenenados y el SEPRONA de Toledo.
Como consecuencia, se ha suspendido la caza en el coto y hay un imputado por vía penal que la Guardia Civil ya ha puesto a disposición de los juzgados de Torrijos.
Los ecologistas solicitan que se apliquen todas las medidas legales que recoge la normativa para este tipo de casos, para recuperar la biodiversidad de esta zona y para que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder.
Será necesario un mínimo de dos a cuatro años de suspensión de la caza para que la zona se recupere del grave daño causado, por lo que pedirán las máximas penas de cárcel, hasta de dos años, para el imputado, ya que se ha provocado la muerte de varios ejemplares de especies en peligro de extinción
Estas organizaciones han enviado una carta a la nueva consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha donde le recuerdan la gravedad del problema del uso ilegal de cebos envenenados en la región.
En la última década se ha confirmado la muerte por veneno en esta comunidad autónoma de más de treinta águilas imperiales (el mayor número de casos de toda España) y más de un centenar de buitres negros.
En su carta, los ecologistas señalan que al menos desde 2007 el Plan Regional de Lucha contra el Veneno no funciona como debiera y que es imprescindible sancionar los casos que se produzcan e impulsar el trabajo de las patrullas especializadas.