Coag ha criticado que la Consejería, en vez de dictar una resolución denegatoria en 2010, cuando las API estaban a tiempo de decidir si continuaban o no con su actividad, lo haga casi tres años después provocando un grave perjuicio.
Para Coag, es absolutamente inaceptable que la Consejería "deje tiradas" a las API, que durante estos años han trabajado para conseguir casi 50.000 hectáreas las que se dedican a la producción integrada de algodón.
La deuda asciende a casi dos millones, una "cantidad pequeña para el departamento que dirige Luis Planas, pero inasumible para estas agrupaciones, sobre todo en los momentos actuales".
Esta organización agraria va a apoyar las acciones judiciales y de protesta que se emprendan desde las APIS para denunciar esta "tropelía" y exigir a la Consejería que cumpla con su responsabilidad, "sin escudarse en la mala situación económica actual".