EFE.- Así lo han informado a Efe fuentes del servicio jurídico de la asociación ecologista Arco Iris, personada ante el Supremo por este caso, que también han recurrido el Gobierno y la Fiscalía, diez años después de un accidente cuyas consecuencias han provocado la indignación y protesta social.
La Audiencia Provincial de A Coruña hizo público el pasado 13 de noviembre el fallo por el que absolvió a los tres acusados, el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el capitán del barco de los delitos contra el medio ambiente, y sólo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.
Además, eximió de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la tragedia sino que intentó solucionarla y evitar daños materiales y humanos.
Según Arco Iris, Mangouras no ha firmado aún la sentencia dictada en A Coruña «a pesar de estar localizado en su domicilio de Grecia y tener que presentarse regularmente en Comisaría», mientras que López Sors y Argyropoulos ya han pasado por este trámite legal.
«Al no haber firmado la sentencia, no se le puede considerar notificado, por lo que todo el procedimiento que debería seguirse ante el Tribunal Supremo está paralizado sine die», sostiene la asociación.
Sobre este extremo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han informado a Efe de que la Audiencia Provincial está recibiendo documentos de Grecia para su traducción.
Arco Iris ha explicado que tanto el círculo de Mangouras como la empresa «Mare Shipping» alegan «motivos de salud» para que dicha firma aún no se haya producido, y sostienen que, en el caso de fallecimiento del capitán del Prestige, se aplicaría inmediatamente el artículo 130 del Código Penal, que entre las causas que extinguen la responsabilidad criminal cita la muerte del reo.
En todo caso, Arco Iris considera «injustificada» la dilación en la firma de la sentencia que atribuye a una «maniobra» de «Mare Shipping» y de los servicios jurídicos del Estado.
«Curiosamente, ambas partes estarían interesadas en que se diese carpetazo definitivo al proceso del Prestige y se hurtara a la ciudadanía un último pronunciamiento del Tribunal Supremo en este asunto», añade.
A su juicio, el «desinterés» del Estado se ha puesto de manifiesto cuando no se procedió a dictar una orden internacional de detención contra Ireneo Maloto, primer oficial, alegando paradero desconocido, cuando dicho individuo dispone hasta de perfil oficial en las redes sociales, ha enfatizado la asociación.
En este sentido, ha opinado que el Gobierno «estaría interesado en zanjar para siempre la cuestión y evitar por todos los medios que se vuelva a hablar del caso, al que se quiere dar un carpetazo vergonzoso después de meses de juicio, en los que ha quedado demostrado el craso error del Ministerio Fiscal por no haber conducido el pleito por la vía civil en lugar de la penal».
«Eso le ha costado al Estado, tras un cúmulo de errores, perder cientos de millones en indemnizaciones y haber dejado en ridículo el sistema judicial», ha concluido.
La marea negra causada por el hundimiento del petrolero -63.000 toneladas de fuel vertidas- afectó a 2.980 kilómetros de costa, a 1.137 playas, 450.000 metros cuadrados de roca se impregnaron de chapapote, 526 toneladas de fuel se depositaron en los fondos de la plataforma continental, y hubo una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, entre otras afecciones.
La Fiscalía cifró en más de 4.300 millones las pérdidas provocadas por el accidente.