Ante estos hechos en su comunicado La ALIANZA UPA-COAG califica como "indecente las amenazas e intimidación de esta asociación que propone este nuevo atropello contra los intereses de los agricultores por reutilizar la semilla de su propia cosecha".
Se "han rebasado todos los límites" y existe un "abuso de poder"
Por este motivo han instado una vez más a las Administraciones competentes "que actúen ante esta imposición perpetrada de forma conjunta, perfectamente diseñada, y lo que es peor, consentida, para agrandar las cuentas de dicha asociación".
Según se inicde en la nota, "nuestra organización apunta que en esta última ocasión se han rebasado todos los límites en forma de bravatas y ultimatos con amenazas de los gabinetes jurídicos contra los productores, imponiendo unas tasas que llevan implícito un abuso de poder".
Por ello, advierte que La ALIANZA UPA- COAG "no tolera amenazas de este tipo en la forma en la que se están produciendo por parte de estos avezados recaudadores, puesto que resultan un atentado contra los agricultores cerealistas de las explotaciones familiares agrarias de nuestra región".
La empresa acusa a Castilla y León se usar semillas piratas
Desde la agrupación GESLIVE (Gestión de Licencias Vegetales) se hace un llamamiento a la calma y al entendimiento por parte de la Alianza UPA-COAG, en su intento de desacreditación de la labor lícita de esta entidad a la hora de velar por los derechos de propiedad industrial sobre las variedades vegetales de cereal que gozan de protección.
Por eso señalan en una nota que Castilla y León es la región de Europa que mayor superficie dedica a cultivos herbáceos, y a la vez es la zona donde el uso de semilla certificada y el reempleo legal de grano por los agricultores tienen los índices más bajos. Por desgracia, la existencia de un gran mercado clandestino tiene como resultado un uso generalizado de de semilla pirata de variedades protegidas por parte de los agricultores de esta región.
Desde GESLIVE "hacemos un llamamiento tanto a las Administraciones regionales como a los productores y los agricultores cerealistas a respetar tanto la normativa sobre producción y comercio de semilla certificada como la relativa al reempleo de grano de variedades protegidas".
La legislación europea y española establece con claridad el derecho de los agricultores a reemplear como semilla en sus explotaciones el grano obtenido de la cosecha anterior, aunque se trate de variedades protegidas. Como contrapartida, cuando la variedad reempleada es protegida, los agricultores están legalmente obligados a informar al obtentor y a abonarle una retribución económica, cuyo coste medio asciende a 2 euros por hectárea (el pago de dos cafés).
Se trata de una contribución modesta considerando el beneficio obtenido por el agricultor gracias a la nueva variedad, y cuyo importe en España es de lejos el más bajo de toda la UE. Los pequeños agricultores, así como todos aquellos que hacen uso de variedades libres, están exentos del pago de retribución alguna, siempre que se acrediten estas circunstancias. La falsedad en la declaración de cualquiera de ellas puede constituir una grave infracción, tal y como resulta del ordenamiento jurídico vigente.
El uso generalizado de semilla pirata en cereal, así como la negativa de los agricultores a aportar su contribución por el reempleo de variedades protegidas, amenazan seriamente la sostenibilidad económica de los programas de I+D, lo que puede tener serias consecuencias a medio plazo para los agricultores, al impedir el desarrollo de nuevas variedades, con las consiguientes pérdidas en cantidad y la calidad de las cosechas, y por tanto en los beneficios económicos de las explotaciones agrarias.
Según indica en una nota, el sector obtentor realiza un gran esfuerzo económico para la investigación y desarrollo de nuevas variedades de cereal, más productivas, cada vez mejor adaptadas a las condiciones agroclimáticas locales y con mayor resistencia a enfermedades, lo que incide positivamente en los resultados de la explotación del agricultor, y en el aumento de sus beneficios.
Estas ventajas son las que llevan a los agricultores a utilizar mayoritariamente semillas de variedades protegidas. De todas formas, hay que señalar que existen en el mercado semillas de muchas variedades libres cuyo uso y reempleo en las explotaciones agrícolas no conlleva limitaciones ni contribución económica alguna.
Para poner en el mercado cada nueva variedad, más resistente, mejor adaptada y más productiva, son necesarios miles de cruzamientos y más de 10 años de desarrollo, lo que eleva el coste de los programas de investigación a varios millones de euros anuales. La protección de estas nuevas variedades y la contribución por parte del agricultor es la única forma posible para que el sector obtentor pueda seguir aportando nuevas variedades que cada año mejoren las cosechas tanto en cantidad como en calidad, haciéndolas a la vez más sostenibles.