La Plataforma por la Defensa del Río Castril (Granada) ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto por el que se aprobó la revisión de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones de ámbito nacional, entre la que se encuentra la del Guadalquivir y su efecto sobre el río Castril.
En la demanda el colectivo solicita, entre otras cuestiones, la nulidad radical de dicho Real Decreto, aprobado en enero del 2016, por entender que un Gobierno en funciones no estaba capacitado para aprobar normas que condicionan las políticas del Ejecutivo entrante, según la Ley 50/1997, arrogándose «funciones que no le corresponden».
Denuncian que deja la puerta abierta a la Confederación para poder trasvasar prácticamente el 90% del caudal del río Castril
En dicha demanda también se vuelve a denunciar que los caudales ecológicos que vienen reflejados en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir son «insuficientes» y «condenan a muerte» al río Castril, lo que deja la puerta abierta a la Confederación para poder trasvasar prácticamente el 90 por ciento del caudal actual, por lo que se pide que se mantengan los propuestos por la plataforma.
Por otra parte, denuncian igualmente que la declaración de Reserva de Abastecimiento de agua para Baza del pantano del Portillo, conjuntamente con los caudales ecológicos designados, sientan las bases para terminar el trasvase del río Castril, a pesar de que fue declarado ilegal y es innecesario.
«Han pasado diez años desde que se declararon las obras por emergencia que no era cierta», ha señalado en rueda de prensa Miguel Ortiz, presidente de la plataforma, quien ha añadido que se pide que se dote al río Castril como Reserva Natural Fluvial, por los valores ecológicos y ambientales que atesora.
Desde la Plataforma por la Defensa del Rio Castril han asegurado que seguirán defendiendo el río «con uñas y dientes» y aportarán soluciones alternativas para que Baza y su comarca puedan tener el agua igual si es que la necesitan, dentro de una nueva cultura del agua basada en la Directiva Marco del Agua aprobada por el Parlamento Europeo.