“Estamos satisfechos del papel que el Real Decreto, a través de la figura del asesor, da a los Ingenieros Técnicos Agrícolas, porque desde las administraciones se ha entendido la necesidad de contar con expertos para la toma de decisiones que tienen una importante repercusión en el medio ambiente y la salud pública”, ha afirmado Carmen Olmo, presidenta del COITAVC.
Según José Francisco Martí, director técnico del organismo autónomo municipal de parques y escuela de jardinería de Valencia, la nueva normativa busca potenciar los tratamientos biológicos como alternativa a los fitosanitarios habituales. “Sin duda será más costoso, pero también menos problemático para la salud y el medio ambiente. El mayor problema para la adaptación lo tendrán los ayuntamientos pequeños, que deberán afrontar la contratación de los profesionales o el uso de nuevos tratamientos que en ocasiones incrementarán el costo, pero es algo necesario”, ha concluido Martí.
La nueva normativa, aprobada hace escasos meses, pretende establecer un marco para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los efectos de los fitosanitarios en la salud y el medio ambiente. En general, se gestionarán mejor los productos elegidos, la señalización de los espacios a tratar y los plazos de seguridad. Se trata, sobre todo, de fomentar la gestión integrada y aplicar técnicas alternativas a los fitosanitarios, algo que en el ámbito de la producción de alimentos ya se viene realizando a través de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados de Agricultura, las ATRIA’s, de las que ha hablado Ana Cano, técnico de Cooperatives Agro-alimentàries de la C. Valenciana.
“Hace ya cinco lustros que estamos trabajando en la gestión integrada de plagas desde las ATRIA’s y, hoy en día, la gran mayoría de los agricultores de la Comunidad Valenciana hacen un uso adecuado de estas técnicas. Aun así, la profesionalización, formación y cualificación para trabajar con productos fitosanitarios es esencial. Una mala gestión puede llevar a graves problemas, como no poder comercializar los productos agroalimentarios si superan los límites máximos de residuos, que las plagas se hagan resistentes o que se generen desequilibrios biológicos”, ha afirmado Cano.
En el acto inaugural, José Miguel Ferrer, Director General de Producción Agraria y Ganadería de la CPAPAyA, ha destacado que el Real Decreto supone un paso más para lograr una política agraria verde. “Todavía siguen apareciendo en los acuíferos restos de productos que ya no se comercializan, porque su eliminación del entorno es muy lenta; pero gracias a la nueva normativa iremos sustituyendo estos productos por otros biológicos más respetuosos con el medio ambiente”, ha comentado Ferrer.
En la jornada también ha participado Vicente Dalmau, de la CPAPAyA, que ha expuesto el planteamiento de la Conselleria para el desarrollo del RD y del Plan de Acción nacional y Francisco Sánchez-Dugi, de AGROFIT, que ha aclarado cómo afecta esta normativa al sector de la distribución y venta de fitosanitarios y el papel que los ITA pueden jugar en la profesionalización del mismo. Al acto de inauguración ha asistido también Nemesio Fernández, director de la ETSIAMN de la UPV.