El contenido de las misivas recoge un resumen de las actividades llevadas a cabo por las Redes Nacionales, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER). Entre ambas, representan a la totalidad de los 264 Grupos de Acción Local en España, lo que supone un total de 26.837 socios públicos y privados, todos ellos agentes activos a escala local en los territorios rurales.
Desde el inicio de la definición del reglamento MEC ambas redes coincidieron con la Comisión en la necesidad de que la aplicación del Desarrollo Local Participativo bajo metodología Leader, más allá de una perspectiva rural, suponga no solo una oportunidad de desarrollo para los territorios, sino que además signifique de manera muy práctica la aplicación coordinada de los diferentes fondos con un mismo objetivo, y siempre muy próximo al ciudadano, buscando de esta manera la eficiencia, eficacia e innovación.
Ambas Redes así se lo han manifestado de manera reiterada a los responsables del Ministerio de Hacienda del Estado Español -como responsable de la definición de la propuesta de Acuerdo de Asociación- y, a su vez, a las Comunidades Autónomas que en el caso de las Redes son las autoridades de gestión competentes.
Alguna Comunidad Autónoma ha manifestado la opinión de aplicar el DLP bajo metodología Leader aplicando el plurifondo (Fondos EIE), a pesar de que el Ministerio de Hacienda haya manifestado extraoficialmente que no es partidario, alegando que prefiere que los fondos FEDER y FSE se concentren en grandes operaciones y que el desarrollo territorial debe financiarse exclusivamente por medio del FEADER. Estas observaciones están teniendo su trascendencia en el diseño de la programación de los fondos por parte de las Comunidades Autónomas.
En conclusión, desde las dos Redes se solicita que se establezca desde la Comisión la obligatoriedad de la aplicación del DLP bajo metodología Leader con implementación del plurifondo, tal y como se refleja en el espíritu del reglamento del MEC, y confían en que, de esta manera, las orientaciones acertadas definidas desde Bruselas no sean aplicadas de forma errónea en este caso por las autoridades de gestión de nuestro país.