Según la información recabada por ASAJA, la provincia de León se encuentra probablemente a la cabeza de las provincias de España donde con más fuerza se están impulsando los macroparques de energía fotovoltaica. Los 24 macroproyectos que ya se han publicado en el Boletín Oficial, sometiendo a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental, ocupan una superficie de 4.549 hectáreas de tierras de cultivo o pastos, superficie equivalente a la inundada en su día por los cuatro pantanos de la cuenca del Duero (Barrios de Luna, Villameca, Riaño y Porma).

Cada uno de estos macroparques de energía, con un vallado perimetral que lo aísla del campo colindante, ocupa una media de 189 hectáreas de terreno, a lo que hay que sumar una compleja red de líneas de alta tensión para evacuar la electricidad, y en otros casos modificación de las ya existentes para dotarlas de mayor capacidad.

ASAJA se opone, con carácter general, a estos megaproyectos, ya que suponen un cambio de uso del suelo rústico, de utilización agrícola o ganadera, a suelo industrial, sin posibilidad alguna de reversión futura. Los agricultores y ganaderos leoneses de las zonas afectadas por macroparques son por lo general arrendatarios de los terrenos, ya que la propiedad es muy escasa, por lo que están siendo expulsados al no poder competir con los precios que pagan las multinacionales y los fondos de inversión promotores de estas fuentes de energía. Además, en muchos casos, y tanto para la colocación de las placas como para las líneas de evacuación, se está recurriendo a la expropiación forzosa justificada en el interés público.

ASAJA pide a las administraciones una regulación específica de estos macroparques de energía fotovoltaica en la que se tenga en cuenta, además de la actividad económica que generan, la incidencia medioambiental y territorial, así como las afecciones negativas en sectores como el primario, y en todo caso que se establezca un porcentaje máximo de ocupación con respecto al del término municipal donde se asienten.

La organización agraria ha pedido también que se impida su construcción en los montes de utilidad pública (MUP), y por supuesto en terrenos con proyectos declarados de interés general por concentraciones parcelarias, regadíos o modernización de regadíos.

ASAJA considera que la provincia no puede soportar más infraestructuras de líneas de evacuación de la electricidad, causando daños a los propietarios de las tierras agrícolas además de los daños medioambientales, por lo que pide que se aprovechen las ya existentes, que no se autoricen otras nuevas, y que allí donde sean imprescindibles que se hagan en soterramiento.