Se nos acaba este 2018, un año agrícola muy cambiante. Tanto fue titular la sequía como las inundaciones, la negociación de la PAC como su retraso por el calendario financiero, o Isabel García Tejerina y Luis Planas, que desde la discrepancia han compartido prioridades como despoblación, exportaciones, sanidad o cadena de valor.
En este ejercicio, de dos capítulos marcados por la moción de censura que cambió el gobierno a mitad de año, el sector agroalimentario ha vuelto a demostrar su cintura reaccionando a escenarios tan dispares como la falta de agua o las inundaciones que causaron graves daños humanos y económicos.
O a que las políticas de agua, medio ambiente o forestales hayan virado hacia el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, transversalidad necesaria donde las haya en materias de residuos, prácticas sostenibles o renovación energética.
Ha seguido apostando por la internacionalización de sus producciones y la búsqueda de nuevos mercados en un contexto mundial en el que la Unión Europea (UE) hace equilibrios políticos y económicos por la salida del Reino Unido, se negocia Mercosur y se observan con estupefacción las guerras comerciales con Estados Unidos o China.
El caso de los aranceles a la aceituna negra de mesa en el mercado norteamericano (aún sin solucionar) realmente pone en cuestión el modelo europeo de la Política Agraria Común (PAC), que negocia ahora su renovación a partir de 2020 -algo que muy probablemente sea imposible por el calendario electoral y la dificultad de cerrar el presupuesto UE- y para cuya defensa España lideró un frente común.
La propuesta de la UE para 2021-2027 suponía un recorte global del 5 % en la PAC -a precios corrientes- y de un 3,5% de los pagos directos y un 15 % en desarrollo rural para España.
Y así, mientras se debate sobre la definición de agricultor activo, o ahora denominado agricultor genuino, el peligro de la renacionalización de la PAC o la disminución de los pagos directos, agricultores y ganaderos siguen en su lucha por conseguir precios justos por sus producciones y acabar con prácticas desleales como la venta a pérdida.
Cuestión recién regulada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que no ha gustado ni al sector productor ni al industrial, que consideran que no soluciona el problema.
El año agrícola de 208 en materia de sanidad vegetal y animal, la Xylella fastidiosa (con casos en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid) y la amenaza de la Peste Porcina Africana que avanza por Europa han protagonizado los titulares y puesto a prueba los protocolos de vigilancia tanto nacionales como autonómicos.
Y en este año de antítesis, un denominador común: la alerta por la despoblación del territorio y la necesidad de centrar el esfuerzo en la agenda digital, la mejora de los servicios y el apoyo al emprendimiento para evitar la desaparición de los pueblos y el abandono de la actividad ligada al mundo rural.
Luis Planas ponía en su toma de posesión el foco también en la pesca, con el advenimiento en 2019 de cuestiones tan de calado como la obligación de los descartes, la pesca ilegal, las importaciones de países terceros o la renovación generacional del sector.
En esta dialéctica de presuntos contrarios hay sin embargo certezas sobre las que afrontar en el año agrícola 2019, como el músculo del sector primario y la industria alimentaria para resistir un escenario tan cambiante que requiere estar preparados. Para lo que sea.
(Texto: Laura Cristóbal / Efeagro)