Antes de la Conferencia de la PAC celebrada en Madrid, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, decía en agroinfomacion.com que «con la PAC no juguemos con intereses regionales o locales porque eso puede ser malo para todo el mundo. Primero se caza al oso y luego… ya veremos”. Y tras la citada Conferencia lo primero que se observa es que este mensaje no ha calado precisamente, sino más bien lo contrario: cada Comunidad Autónoma mira por sus intereses, están más divididas que nunca y son conscientes de que, por mucho que pidan una PAC fuerte, a la PAC que van a llegar va a ser muy recortada en presupuesto y con más ajustes de lo que todos quisieran.
Y es que la principal conclusión que se ha visto en esta Conferencia de la PAC es que la llegada del Brexit va a recortar en 3.600 millones el presupuesto agrícola europeo y que no existe una unanimidad en los países de la UE de aportar estos fondos de forma extraordinaria. Más bien al contrario, ya hay países, como Holanda, que reclaman que se recorte directamente estos fondos de la PAC. Incluso se ha llegado a oír insinuaciones de que se debería quitar directamente).
Es cierto que España o Francia no defienden esta postura sino más bien la contraria; la de hacer un esfuerzo económico y asegurar los pagos directos a los agricultores profesionales, pero no está tan claro que a la hora de la verdad los Montoro de turno estén dispuestos a poner sobre la mesa una partida extra de dinero para salvar los actuales pagos.
Las CCAA empiezan a hacer la guerra por su cuenta y las organizaciones agrarias se enrrocan en sus posturas
Y si es un problema el tema financiero, más lo va a ser el futuro reparto de los fondos que haya finalmente. Y es que en esta Conferencia se ha visto con claridad que no existe un consenso autonómico, sino más bien un enfrentamiento abierto entre las distintas CCAA donde priman los intereses particulares sobre los generales.
No sólo se ha visto cómo cada consejero planteaba las necesidades de ‘sus’ regiones, sino que ya se ha puesto sobre la mesa un tema más que polémico: la necesidad o no de mantener los llamados derechos históricos.
Este acuerdo alcanzado en la PAC de 2014, sobre unos pagos directos sin recortes cercanos a los 5.000 millones de euros, destaca una media de 1.600 millones para Andalucía, 900 millones para Castilla y León, 750 para Castilla-La Mancha, 530 para Extremadura, 450 para Aragón, 325 para Asturias y 310 para Cataluña. En lo que se refiere a los pagos medios por hectárea, en Andalucía ascienden a 305 euros, a 201 en Aragón, 162 en Extremadura, 159 en Castilla y León o 146 en Castilla-La Mancha.
Ahora muchas CCAA no sólo exigen que se reconsideren estos acuerdo, sino que ya se plantean que se pongan fin y que haya un reparto más «equitativo» del dinero disponible. Y esto suena directamente a un enfrentamiento político/regional que no va a ayudar en nada a un debate tan difícil como el que se espera en el seno de la UE.
E igual se puede decir de las organizaciones agrarias. Son conscientes de que habrá menos dinero, pero da la sensación de que no lo son a la hora de pensar de que deberán flexibilizar sus posturas cuando lleguen los recortes. La impresión es que cada OPA insiste en mantener su postura sobre quién y cuánto debe cobrar, a pesar de que esa es la gran pregunta que aún no se ha respondido precisamente por la falta de conocimiento de con qué presupuesto se va a contar, y que, al igual que las CCAA, cada organización mira más a nivel regional que general.