Juan Antonio Valladares Álvarez / Presidente del Foro Asturias Sostenible, ganadero y Dr. en Ecología
El desprecio de una parte de la sociedad urbana hacia el medio rural ha vuelto a quedar patente en la manifestación que, en defensa de la catalogación del lobo como “especie protegida” en toda España, transcurrió por Madrid el pasado domingo 12 de marzo. Este acto ha dejado en entredicho la seriedad de alguna organización ambientalista otrora respetable por su apuesta por un conservacionismo informado, al inclinarse hacia posturas radicales más ideologizadas que no tienen en cuenta todas las implicaciones que tiene la existencia de las distintas especies allí donde éstas deben coexistir con los animales humanos. En definitiva, los derechos de las poblaciones locales se han vuelto a ver pisoteados por un postureo ideológico bien intencionado pero poco o nada cabal, y también por el desprecio y la prepotencia del medio urbano sobre el rural. (Gracias, Jordi).
Esta manifestación desprestigia de fondo a las organizaciones que irresponsablemente la promovieron, pero a la vez se desacredita como tal tanto más cuanto más gente haya acudido por una sencilla razón matemática: a mayor presencia de manifestantes, mayor aproximación hacia el cero absoluto en el grado de representatividad del problema en su conjunto. El problema real es un problema rural, y sólo las personas que tenemos ganado y convivimos con este magnífico superpredador sufrimos las verdaderas consecuencias de su existencia. Me atrevo a aventurar que no haya habido en esa manifestación una sola persona que sufra en su pellejo realmente ningún perjuicio económico o anímico derivado de la convivencia con el cánido; ninguna persona que sufra la pérdida de sus animales mordidos, malheridos o muertos en un ataque; ninguna persona que duerma mal durante los meses de pastoreo a causa de la incertidumbre de qué va a encontrar al día siguiente en el monte; ninguna persona que haya tenido gastos económicos cuantiosos tanto por las propias pérdidas directas como debidos a las medidas extraordinarias que tenga que tomar para disminuir los posibles daños en su cabaña. Ninguna persona, pues, representativa del asunto. Ninguna persona, pues, con derecho natural a decidir nada en cuanto a la gestión de esta problemática especie. Cero personas en mil manifestantes es una ratio peor que cero personas en cien. Por eso cuanto más gente haya ido peor. El significado de que de diez mil personas asistentes ninguna tenga legitimidad para demandar nada resulta una vergüenza insoportable. Una ofensa para los campesinos difícil de digerir y que proporciona a miles de personas que vivimos en y del medio rural una mezcla de desasosiego e indignación.
El lobo es un animal simbólico y tremendamente atractivo que sin ninguna duda resulta muy problemático en el medio rural. En extensos territorios donde puede haber poblaciones estables que generan daños asumibles está fuera de todo peligro como especie, lo que hace que sea absurdo plantear que se le adjudique una consideración legal diseñada principalmente para proteger a las especies en peligro de extinción. Los mejores científicos que conocen el problema en toda su amplitud, como Juan Carlos Blanco, reconocen que es una especie que se debe gestionar, aunque haya que hacerlo bien también desde la perspectiva de la conservación.
Mientras se ignore el verdadero problema, el que sufre la población rural allí donde hay dificultades en la convivencia por un verdadero exceso de predación y de población lobuna, no habrá solución. Hacer planteamientos absurdos no lleva a ningún buen puerto, y perjudica al propio lobo porque se polariza el discurso y también la postura antagónica a la del ecologismo desinformado y falto de empatía. Tan absurdo es pedir la catalogación del lobo como especie protegida, por ejemplo, en Asturias o Galicia, como pedir su extinción en esas mismas áreas, capaces de albergar una población de lobos viable muy razonable. Son posturas sin posibilidades. Contraproducentes. Estúpidas. La solución pasa por entender el problema en su conjunto y mitigar al máximo las consecuencias de la depredación, y esto pasa necesariamente por un control de la población incompatible con su consideración como especie protegida.