Aunque esta posibilidad ya se venía barruntando desde hace tiempo e, incluso, la consejera ya había dejado entrever esta posibilidad en unas declaraciones, la confirmación oficial llegaba el pasado viernes,cuando  los presidentes de las nueve cámaras agrarias de la comunidad recibían una circular en la que la Consejería de Agricultura ponía oficialmente fecha final a la financiación de las entidades provinciales.

    En la carta que rubrica el director general de Producción Agropecuaria, Jesús María Gómez, se indica que “la Consejería de Agricultura y Ganadería apoyará en la presente anualidad únicamente los gastos de funcionamientos y costes de personal que se hayan generado en esa Cámara Agraria provincial durante el primer semestre del año 2014 sin que la dicha aportación pueda superar, salvo causa justificada, el 50% de la aportación satisfecha a esa cámara agraria en el 2013”.

Futuro de los trabajadores y de las propias entidades

     Este no es el único mensaje del GObierno regional ya que anuncia también que, en lo que se refiere a los funcionarios de cada entidad y que dependen de la administración autonómica, “siguiendo con el proceso de supresión de duplicidades” comunica a los presidentes que esta medida solo se mantendrá “en aquellos supuestos que se justifique suficientemente la necesidad de su mantenimiento teniendo en cuenta los servicios que presta la cámara a los agricultores y ganaderos de la provincia”.

    Parece que este cambio en los planteamientos iniciales responde a cuestiones económicas tal y como confirman algunas fuentes de las organizaciones profesionales agrarias que en los últimos días han mantenido varios encuentros en la consejería en los que han trasladado su malestar.

     Además, la misiva justifica esta postura en “el proceso de racionalización de las estructuras administrativas de la Junta con el fin de optimizar los recursos existentes y garantizar una mayor eficiencia en la prestación de servicios” y a los que, por supuesto, no son ajenas las propias cámaras.

     La Junta de Castilla y León tenía presupuestados este ejercicio 700.000 euros para estas entidades que ahora se verán reducidos a la mitad. Es decir, de los algo más de 77.000 euros anuales que iba a recibir cada cámara, llegarán como mucho, la mitad.

     Ante esta situación los presidentes de todas las Cámaras Agrarias han coincidido en que se van a convocar plenos extraordinarios para que sean las propias asmableas las que tomen la decisión de seguir o no adelante con estas instituciones.

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