En este sentido, el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo; el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, y el responsable de La Alianza UPA-Coag, Arurelio Pérez, reconocieron que el Régimen de Pago Único ha estado acompañado de prácticas «especulativas» con los derechos, al desvincular las ayudas de la producción; y exigieron una definición de agricultor activo en el nuevo marco de apoyo de la PAC, que acabe con estas prácticas.
Al respecto, según recoge www.diariodeleon.es, el último borrador remitido a las opas expone la necesidad de que no se sigan manteniendo como beneficiarios de ayudas de la PAC a aquéllos cuyos únicos ingresos agrarios son precisamente los pagos directos. Apuestan así por que no se concedan pagos a aquellos agricultores y ganaderos que no acrediten un nivel de ingresos procedentes de la actividad agraria por la producción y cría de productos agrícolas y ganaderos «en una cuantía al menos idéntica al importe que les corresponda en concepto de pagos directos».
El texto es claro en cuanto a la situación generada y remarca que «la aplicación del actual modelo de PAC y el Régimen de Pago Único ha derivado, en casos extremos, a situaciones controvertidas que nada tiene que ver con la actividad agraria ni con los profesionales del sector, y que el nuevo modelo de PAC brinda una oportunidad para corregir y normalizar en el nuevo periodo estas situaciones, oportunidad que es preciso aprovechar».
Venta de derechos
Cabe recordar el jugoso pastel que representa la PAC para la Comunidad, ya que en 2012 se contabilizaron 91.044 beneficiarios, con 3,96 millones de derechos, con un importe global en ayudas de 852,14 millones. Esto supone un valor medio por derecho de 214,67 euros, y un importe medio por beneficiario de 9.268,9 euros, siempre según datos del Fega. Las operaciones de compraventa de derechos en sus diferentes modalidades ascendieron a 17.669 durante el periodo de análisis, con un montante de apoyos cedidos por 39,8 millones de euros; mientras que las solicitudes de arrendamientos fueron 17.531, por valor de más de 51 millones de euros.
Un análisis de las operaciones de compraventa constata que las solicitudes de cesión de derechos con tierra a agricultores que iniciaban su actividad (sin penalización) no llegaron a 900 con un importe transferido de 6,77 millones, reflejo de la falta de un relevo generacional.