La medida en cuestión afecta la forma en la que se comercializan al por menor los cigarrillos, así como los puros y otros productos derivados del tabaco.
El Gobierno de La Habana decidió cuestionar por los medios legales que ofrece la OMC esa disposición al estimar que viola normas comerciales internacionales: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT; el convenio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Adpic, y el tratado sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, OTC. Estos acuerdos consagran la protección del uso de las marcas registradas.
Asimismo, Cuba cree que esa ley crea obstáculos innecesarios al comercio de puros y puede conllevar la reducción de su valor, incrementando paralelamente los costos de producción, según las fuentes.
Cuba considera también que Australia no ofrece protección contra una competencia desleal en relación a las indicaciones geográficas de ese país, productor de tabaco y donde se fabrican reconocidas marcas de puros.
La denuncia cubana es similar a la presentada por República Dominicana, así como a las de Honduras y Ucrania, de modo que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC -la instancia competente para analizar y pronunciarse sobre este caso- podría decidir unificar estos expedientes y que sean tratados por un solo grupo de expertos una vez que se decida su conformación.