Los gobiernos autonómicos de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana presentarán sendos recursos ante el Supremo contra la decisión del Gobierno de repercutirles una corrección financiera por inadmisibilidad de ayudas por superficie de pastos de 2011 a 2013. Por su parte, los ganaderos se niegan a que finalmente sean ellos los que deban abonar esta sanción por pastos, ya que solicitaron las ayudas según lo estipulado en la normativa vigente.
Según ha informado a EFE el secretario autonómico de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero, estas cuatro comunidades actuarán de forma coordinada, si bien hay otras cinco regiones sancionadas: Castilla y León, Cantabria, Asturias, Baleares y Aragón.
Piden su supensión cauterlar hasta que el Tribunal Europeo no resuelva un recurso previo del Gobierno español
El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles 15 varios acuerdos del Consejo de Ministros en los que se resuelve repercutir a las citadas regiones una corrección financiera de más de 270 millones de euros, siendo Extremadura la más afectada, con cerca de 80 millones.
Le siguen Andalucía (69,5 millones), Castilla y León (58), Castilla-La Mancha (33), Cantabria (6,5), Comunitat Valenciana (4,9), Asturias (2,3), Aragón (440.000) y Baleares (204.000 euros).
«Tras haber agotado la fase administrativa, hemos decidido presentar de forma individual y en conjunto un recurso ante el Supremo y pedir la suspensión cautelar de esta decisión del Consejo de Ministros hasta que el Tribunal Europeo no resuelva un recurso previo del Gobierno español sobre este mismo asunto», ha explicado Rodríguez Muleroal detallar su negativa a sumir esta sanción por pastos.
El origen de este asunto está en el criterio que las comunidades autónomas siguieron para la solicitud de las ayudas, que en muchos caso no se corresponden con las consideraciones de la Comisión Europea.
«Se conocen desde hace tiempo las correcciones financieras que la Comisión quería aplicar al Gobierno, y de hecho el Ejecutivo las ha recurrido, pero ha llegado el momento en el que esas correcciones ya se han de aplicar y hay que devolver el dinero a Bruselas y el Gobierno ha repercutido la responsabilidad a las comunidades autónomas porque fueron éstas las que gestionaron las solicitudes», ha agregado.
«Sin embargo, entendemos que la competencia exclusiva de transposición y coordinación de la acción de las comunidades frente a la UE es exclusiva del Gobierno, como reflejan varias sentencias del Supremo», ha explicado el secretario autonómico de Agricultura.
UCCL y Asaja piden que la sanción por pastos de la Comisión Europea no repercuta al sector agrario
Por su parte, la UCCL reclama que las correcciones financieras interpuestas por la Comisión Europea no se trasladen en ningún caso a los agricultores y ganaderos de Castilla y León ya que los profesionales agrarios solicitaron las ayudas directas acogiéndose a lo estipulado en la normativa vigente.
Ante la Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) pide que las correcciones financieras interpuestas por la Comisión Europea no repercutan en ningún caso en los pagos percibidos o a percibir por los agricultores y ganaderos de esta comunidad.
Ante esta Resolución, la Unión de Campesinos de Castilla y León reclama que la Administración competente defienda el sistema de pastos de Castilla y León y las características excepcionales de las zonas de montaña, «donde no solo nuestros animales se alimentan de pastos, sino que supone un alimento extra para nuestro ganado además de tratarse de una práctica beneficiosa para el medio ambiente, ayudando a prevenir los incendios forestales y a conservar la biodiversidad, entre otra serie de beneficios medioambientales».
Asimismo, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla y León ha pedido que las administraciones encuentren una solución para hacer frente a la penalización que ha impuesto la CE, a la vez que insiste en que en este momento, la principal reclamación de ASAJA es que esa cifra que ahora se reclama por la sanción por pastos no repercuta en los agricultores y ganaderos, como así ha sido expuesto por el presidente de la OPA, Donaciano Dujo, al director general de la PAC, Pedro Medina. “En anteriores situaciones similares en las que se aplicaron correcciones financieras, este coste ha sido asumido por las administraciones competentes, y entendemos que en este caso del CAP también debe ser así, porque lo cierto es que los ganaderos declararon sus superficies tal y como se les indicó desde las administraciones”, subraya Donaciano Dujo.