Cuando política y mundo agrario se entremezclan se acaba provocando enfrentamientos que acaban con la unidad de acción en el campo, como ha pasado en León,donde la organizació agraria Asaja de la provincia ya ha anunciado que no volverá a convocar movilizaciones conjuntas mientras Ugal-Upa siga dirigida por el vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente. Y todo a raíz de las subvenciones que otroga la Diputación leonesa y que acabará en querellas.
De hecho, ASAJA León asegura que no ha recibido todavía la contestación al recurso presentado contra las bases que regulan las ayudas de la Diputación Provincial de León a las organizaciones agrarias y cooperativas para el ejercicio 2020. Una custión que lamentan «que ayer se hiciera eco del mismo el gabinete de prensa de Diputación y hoy se publique en todos los medios dándole una importancia desmedida, es una prueba más de la estrategia política para perjudicar a ASAJA como principal organización agraria de la provincia».
Por eso, independientemente de las vías legales que queden abiertas para seguir intentando anular las bases de la convocatoria, que obviamente el equipo de gobierno PSOE-UPL pretenderá repetir para 2021, la organización agraria ASAJA ha otorgado poderes al despacho Alvarez Higuera Abogados, con el que trabaja la organización, para presentar en los próximos días querellas penales contra el vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, y contra la diputada de Desarrollo Rural, Avelina Vidal. Recordar que el vicepresidente de la Diputación es el secretario general de UGAL-UPA y Avelina Vidal miembro destacado de la ejecutiva del mencionado sindicato agrario.
de igual modo, ASAJA asegura que «la decisión política de la Diputación, promovida por su vicepresidente Matías Llorente, de perjudicar económicamente a ASAJA y de favorecer a otras asociaciones, y muy en particularmente a UGAL-UPA, va a suponer un importante quebranto económico para la principal organización agraria de la provincia en los cuatro años de legislatura. ASAJA ya ha tomado medidas para que el quebranto económico que se ha producido en las cuentas de la organización no se traduzca en una peor defensa de los intereses del sector ni en una merma de los servicios que presta y en la calidad de los mismos. En el presupuesto de 2021 la principal organización agraria de la provincia pasará a tener una dependencia de las ayudas públicas de tan solo el 1,3 por ciento, lo que tiene como parte buena una independencia todavía mayor del poder político, una independencia absolut»a.
Finalmente, y al margen de las querellas que presente, la organización ASAJA ratificará en próximas fechas el acuerdo, en sus órganos de gobierno, de romper cualquier tipo de relación con la organización UGAL, mientras el interlocutor de la misma sea Matías Llorente. Tampoco habrá interlocución, en un futuro, con organizaciones agrarias cuyos representantes ostenten a la vez cargos políticos de relevancia. Dicho esto, cualquier movilización conjunta en defensa de los intereses del sector agroganadero de la provincia, que pudiera ser necesaria en un futuro como lo fue la del mes de febrero del pasado año, tendrá que pasar por cambios previos en la dirección de UGAL.